Hay ciertos momentos inspiradores en que el caos en que vivimos cobra cierto orden lógico, sobre todo cuando tomamos conciencia de que las instituciones de México viven en el mundo al revés. A veces este país me recuerda el orbe bizarro que leíamos durante la niñez en las historietas de Supermán.
Se trata de un territorio muy original. Me parece que México es el único país donde el presidente legítimo es el líder de la resistencia civil, el Instituto Federal Electoral orquesta el fraude electoral; el principal partido de izquierda, el PRD, no puede organizar unas elecciones transparentes, el presidente en funciones está vendiendo los recursos de la nación, la Cámara de Diputados se ve orillada a romper el diálogo político, el Senado censura los debates sobre el petróleo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública encubre a funcionarios corruptos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defiende autoridades y leyes que violan la Constitución, etcétera, etcétera. Este espacio no da para definir el papel de otras instituciones semejantes, pero hay más.
Ante esta realidad, no me sorprende y hasta me suena congruente que el ombudsman nacional, en vez de ser un defensor de los derechos humanos del pueblo, sea un defensor de los derechos de la elite política. Así lo venimos constatando en estos años. José Luis Soberanes se ha dedicado a exculpar al Presidente y a los gobernadores de las diversas agresiones cometidas contra defensores de los derechos humanos: en el estado de México, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz; no olvidamos el caso paradigmático en que, para apoyar la versión de Felipe Calderón, Soberanes decidió defender a los miembros del Ejército que violaron y asesinaron a Ernestina Ascencio Rosario. Más recientemente presentó una demanda de inconstitucionalidad a la SCJN por la reforma legal que reconoce el derecho a interrumpir el embarazo a las mujeres de la ciudad de México.
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