La urgencia

Luis Javier Garrido

¿Cuál es la prisa del grupo en el poder por entregar Pemex?

1. La propuesta legislativa en materia petrolera con la que Felipe Calderón ha pretendido engañar no tan sólo a los legisladores, sino sobre todo al pueblo mexicano, ha sido evidenciada en los debates de las últimas semanas como violatoria de la Constitución, absolutamente privatizadora, contraria a los intereses del pueblo mexicano y lesiva para la nación, no obstante lo cual el titular espurio del Ejecutivo ha seguido insistiendo con nerviosismo en que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión y continúa maquinando con toda la fuerza del Estado tratando de imponerla al país.

2. El nerviosismo de Calderón, lejos de disminuir, se ha exacerbado, pues ahora ya está claro en todos los ámbitos del país que el esquema de “reorganización” de la industria petrolera mexicana preparado por su grupo, lejos de responder a los presupuestos de modernización que se anunciaron corresponden al plan de un grupo de delincuentes de Estado para apropiarse de un patrimonio fundamental de la nación: privatizando abiertamente la refinación, al igual que el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos, manteniendo contratos anticonstitucionales para ceder tareas de exploración y explotación, y creando un régimen de excepción a un Pemex al margen de la legalidad para permitir la entrega a pedazos de la industria.

3. El gobierno de facto no ocultó la urgencia que tenía por acelerar de manera irreversible en 2008 el proceso de privatización de la industria petrolera mexicana, y en consecuencia no ha logrado evitar que se entiendan cuáles son sus principales móviles para ello, los que van desde a) su necesidad de disponer de recursos frescos para lubricar la maquinaria de imposición electoral con vistas a los comicios legislativos de 2009, sobre todo b) ante la incertidumbre de cuál será la composición de la Cámara de Diputados de la 61 Legislatura que se instalará en 2009 y, sobre todo, c) su compromiso de cumplir cuanto antes con los acuerdos tenidos con diversas corporaciones trasnacionales a las cuales se halla vinculado Calderón desde los días del fraude electoral de 2006, en razón de la situación política prevaleciente en Estados Unidos.

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