Por: Antonio Avilés Rocha
El Frente Sudcaliforniano en Defensa del Petróleo, presentó a la sociedad Sudcaliforniana una convocatoria amplia y abierta para que los ciudadanos independientes, las organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales del Estado de Baja California Sur, participen en la preparación, coordinación y realización de la fase estatal de la Consulta Nacional sobre la Reforma Energética propuesta por Felipe Calderón.
La tarde de este martes ocho de julio, en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la R. M. Sección 70, se dieron cita mujeres y hombres libres para organizarse en torno a esta trascendental responsabilidad.
Ese día se cumplieron tres meses del impresionante dispositivo de seguridad que la PFP montó para que Cristina Kessel, la secretaria de energía del gobierno usurpador, presentara al presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, el licenciado Francisco Labastida Ochoa –aquel que se benefició con 819 millones de pesos del PEMEXGATE y al que Vicente Fox, descubridor del fraude, a cambio de no se qué complicidad decidió no tocar ni con el pétalo de una rosa- su indefendible y entreguista iniciativa de reforma energética.
A tres meses de la intentona de albazo apresurado y rapaz que habían acordado PRI y PAN y que el Frente Amplio Progresista desfiguró con determinación política, la iniciativa tramposa aún no tiene claro su destino, aunque ya ha dejado un rastro doloroso en la vida pública nacional. Si tuviera un poco de pudor, Felipe Calderón ya habría retirado del Senado su embustera iniciativa, pero no puede, no sabe, es demasiada la codicia y muy poco el talento político; demasiado el cinismo y nulo su compromiso con el pueblo de México.
El debate en el senado ya tomó rumbo, la propuesta calderonista no tiene defensa. Es tal su suerte en el debate nacional, que coludido con las grandes televisoras nacionales, el gobierno federal discurrió sacarlo de los noticieros y esconderlo en un canal de cable, el del Congreso de la Unión. Decidieron silenciar el aplastante resultado del debate en contra de su iniciativa, y lanzar a su favor, una campaña publicitaria perfumada de mentiras. Pretenden revertir la opinión del pueblo torciendo la verdad, manipulando a su antojo a los medios nacionales y falseando realidades.
La tenacidad de los intereses que gravitan sobre nuestro patrimonio petrolero han afilado el descaro. Felipe Calderón y su comparsa descalifican la Consulta ciudadana argumentando inconstitucionalidad, como si su iniciativa petrolera fuera un ejemplo de respeto a nuestra Carta Magna.
La Consulta Ciudadana es un eslabón más de la postura que el Frente Amplio Progresista fijó frente a la iniciativa usurera. Ni un paso atrás... tituló el templete de la quinta Asamblea informativa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo el pasado 29 de junio en donde se anunció el Plan Nacional para desarrollar la Consulta Ciudadana en tres tiempos. El 27 de julio, la consulta se celebrará en el Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Morelos, Michoacán y Baja California Sur. El 10 de agosto la Consulta se abrirá para los estados faltantes hacia el sur del país y el 24 de agosto para los estados faltantes hacia el norte.
Mientras la sociedad se organiza para incorporar su opinión al debate nacional, las descalificaciones y señalamientos de ilegalidad inundan los medios de información y la coacción gubernamental y el interés polifacético, engarrotan hasta los más pintados. Aunque el PRI ha anunciado que no votará a favor, porque la iniciativa es una simulación para permitir la formación de monopolios privados que asfixiarán a Pemex, el poderoso Manlio Fabio, sorprendido por la toma de tribuna por parte del FAP, no quiso o no pudo asumir los costos políticos de aprobar la reforma sin debate y sin consulta, anda nadando de muertito; por su parte, la democrática Georgina Kessel, ya desechó anticipadamente y por sus pistolas el resultado de la Consulta Ciudadana, dejando ver que ya hay un “amarre” anticipando y que el Senado no tomará en cuenta la opinión del pueblo de México porque “el pueblo no es experto”, ese pueblo del que provienen los impuestos con que se nutre su no tan raquítico sueldo.
El sufragio, la opinión de las sociedades, en cualquiera de sus modalidades tiene décadas siendo tema inconcluso de las ciencias políticas. Hace decenas de años que las ciencias políticas intentan sin éxito, descubrir las motivaciones profundas del voto. Nosotros mismos no siempre sabemos lo que en realidad nos determina, y menos todavía lo que anima a nuestro vecino. A veces en los análisis se dan indicios, y llega a ocurrir que en ellos se encuentran rastros de que las razones van desde lo curioso a lo decepcionante.
No obstante, está claro que por correlaciones del razonamiento no siempre comprensibles, la sociedad busca expresar su opinión colectiva. El sufragio universal es un instrumento de expresión, la revolución es otro, y podemos discernir sobre la legalidad y las consecuencias de uno u otro, pero muy poco podremos reprochar a lo legítimo y eficaz que es la opinión del pueblo. Manda mensajes de una claridad indiscutible y toma decisiones de las cuales la his¬toria se encargará después de demostrar lo bien o mal fundadas.
Más vale facilitar los medios para que el pueblo se exprese. De cualquier forma busca cómo hacerlo. Citaré tres ejemplos recientes en torno a la participación ciudadana:
1. Después del albazo PRI-PAN, la nueva Ley del ISSSTE se tambaleó ante millones de amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Felipe Calderón mandó desde los pinos un ejército de cabildeadores -que no iban con las manos vacías- para poder sacar una apretada votación y salirse con la suya. Quienes suponen que con esa forzada decisión de la SCJN ya se resolvió el problema están en una grave error: el problema aquí empieza. Otra suerte habría corrido tanto la nueva Ley como los que la aprobaron si hubieran actuado de frente a los interesados, si les hubieran tomado su opinión, si los que votan los voltean a ver a ellos antes de voltear a ver cualquier maletín que viene de Los Pinos.
2. La megalimosna de 90 millones de pesos que el gobernador de Jalisco aprobó unilateralmente sin consultar al pueblo, en favor del Patronato Pro Construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos de Cristo. El proyecto está asentado en una propiedad legal, es arquitectónicamente admirable, es socialmente adecuado a la idiosincrasia religiosa del laborioso pueblo jalisciense, es turísticamente visionario y financieramente es una inversión que por la vía del turismo religioso tiene una tasa de retorno rentable. Lamentablemente todo se hizo sin escuchar la opinión del pueblo, y como consecuencia, en menos de lo que se imaginan, obispo y gobierno doblaron las manos y el Sr. Gobernador Emilio González tuvo que recoger para devolver al erario público estatal los 30 millones junto con las expresiones vernáculas que acompañaron al abono del donativo.
3. El propio Felipe Calderón la semana antepasada pidió a la sociedad que participe en el combate al narcotráfico por la vía de la denuncia. Esta invitación para que la sociedad participe denunciando las redes del narcotráfico es riesgosa por varias razones:
a. Se nos invita a denunciar a un grupo clandestino que el propio gobierno reconoce que cuentan con mejor equipo para el combate que los propios cuerpos policíacos.
b. El narcotráfico ha penetrado las instituciones públicas de tal manera, que no hay quien garantice que detrás del teléfono que reciba la denuncia no estará alguien que haya caído o pueda caer en tentaciones extraoficiales.
c. ¿No le parece a Felipe Calderón que el pueblo ya está abonando bastante en esta guerra que se inició sin planificación y que los más de cinco mil muertos acumulados en ella desde que (haiga sido como haiga sido) él vive en Los Pinos, van con cargo directo al valor de nuestros cuerpos policíacos y al duelo de sus familias? El manoseado Plan Mérida, es una dosis más de atole con el dedo porque mientras Felipe Calderón publicita los 400 mdd que en “especie” aportará el gobierno estadounidense, guarda absoluta discreción sobre los 7,000 millones (18 veces más) que para este plan saldrán del presupuesto nacional. ¿Porqué tiene el pueblo de México qué aportar muertos y presupuesto en esta lucha por rehabilitar la drogadicción de una sociedad como la de Estados Unidos que siendo el 5% de la población mundial consumen ante la indolencia de sus autoridades el 50 % de la droga que se fabrica en el mundo entero? ¿Porqué y en abono a qué cuenta entregamos a los narcotraficantes mexicanos para que sean “sopeados” y eventualmente juzgados por las autoridades estadounidenses mientras del otro lado de la frontera prevalece un absoluto silencio sobre las organizaciones que distribuyen toda la droga en aquel país?
d. ¿Para qué denunciamos? ¿Qué sucede en este país con las denuncias? ¿Qué no fue probadamente denunciado el gobernador Marín de Puebla? ¿Quién puede explicar satisfactoriamente cual es el estatus de las demandas que el pueblo de Oaxaca interpuso en contra de su gobernador Ulises Ruiz? ¿Quién ha sabido algo sobre las denuncias a los hermanos Bribiesca Sahagún? ¿Qué me dicen de la elegancia republicana con que fueron resueltas las denuncias contra el empresario Mouriño o de los millones de amparos en contra de la Nueva Ley del ISSSTE? Creo que tampoco tendremos respuestas para las miles de denuncias que maestr@s de este país por múltiples razones han interpuesto en contra de la maestra Elba Esther, quien mientras tanto, seguirá medrando a sus anchas con su botín político porque opera, cuando menos, con la complacencia si no es que por consigna de los gobiernos a quienes les ha servido de dique compensatorio ante conflictos sociales o electorales, pasando de empleada de Salinas a socia electoral y gubernamental de Fox y Calderón.
No me opongo al combate al narcotráfico, sólo estoy señalando que involucrar a la sociedad en él es altamente peligros por sus condiciones. La pregunta es ¿Por qué no solicita Calderón también la participación de la sociedad mexicana en un tema tan relevante como lo es el destino de la industria petrolera nacional? Ahí hay mucho más que defender y ganar, es mucho más lo que está en peligro; y opinar sobre Pemex no implica ningún riesgo. Tiempo al tiempo, de alguna forma la sociedad se sigue organizando.