Criminalidad y criminalización

Ayer, unas horas antes de que arrancara el encuentro espectacular del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en el que participaron los titulares de los tres poderes de la Unión, además de los gobernadores de todas las entidades federativas y del Distrito Federal, un juzgado de Texcoco emitía sentencias de más de tres décadas a los 10 simpatizantes e integrantes del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco que permanecen en prisión. A Ignacio del Valle, dirigente de esa organización, quien se encuentra recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, se le condenó a 45 años de cárcel por los delitos de secuestro y ataques a las vías de comunicación, pena que se suma a los 67 años de prisión que le fueron ya impuestos por “secuestro equiparado”, con base en la retención de funcionarios efectuada en el marco de las movilizaciones populares atenquenses.

Los fallos judiciales muestran, por principio de cuentas, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo y a sus designios de criminalizar la protesta, la disidencia y la oposición. Aunque los métodos de lucha del movimiento atenquense puedan resultar cuestionables, y por injustificables que hayan sido las agresiones que sufrieron agentes de los cuerpos de seguridad en el marco de las confrontaciones de 2006 en Texcoco y en San Salvador Atenco, Del Valle y sus compañeros no son secuestradores, ni merecen que se les trate como tales. Para colmo, los fallos señalados se emiten en un momento en que la opinión pública nacional se encuentra harta del incremento de los plagios y de la ineptitud de las autoridades para combatir a las bandas que los perpetran, lo que constituye una homologación inaceptable de un movimiento de protesta –originado, hay que recordarlo, por la torpeza y la insensibilidad del gobierno anterior, que pretendía arrebatar sus tierras a los labriegos atenquenses para construir un aeropuerto– con la delincuencia organizada.
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