Por Jorge Lara Rivera
Se ha convertido en uno de los más manidos lugares comunes con que suele desacreditarse el funcionamiento del aparato estatal mexicano afirmar que, si se quiere que algo no se averigüe nunca, sólo tiene que crearse una comisión encargada de investigar el asunto.
Y la verdad es que por la dudosa eficiencia y los pobres resultados logrados hasta hoy por las Fiscalías Especiales De, las Comisiones Para, y los Pactos Con (todos los cuales, al duplicar funciones de las instituciones originariamente encargadas por Ley de atender idénticos asuntos, confirman la corrupción imperante), le dan veracidad al dicho. Vivimos la semana previa, junto con las emociones olimpistas, el azoro ante la inopinada actitud imprecativa asumida por los líderes visibles del empresariado y la sociedad civil privilegiada de este país en su encuentro ‘nacional’ con las autoridades de la República.
Mientras la delincuencia se constriñó a afectar al enorme pueblo llano, al vastísimo proletariado y a algunos sectores de las clases medias arribistas, el asunto no mereció mayor atención. La impunidad y la corrupción son consustanciales a los poderosos y no tenía porqué involucrarse el gobierno.
Pero ha ocurrido que esta vez la pesadilla criminal tocó a un miembro de la casta gobernante, de la oligarquía, con la consecuente indignación ante la osadía criminal, que ha provocado su ira frente a tamaño descontrol que evidencia, por otra parte, cuánto el régimen panista les ha fallado en algo básico y elemental: la protección de los intocables intereses de estos patricios.
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