Álvaro delgado
MEXICO, D.F., 1 de septiembre.- La decisión de Felipe Calderón de enviar a Juan Camilo Mouriño a la Cámara de Diputados para entregar al Congreso el informe del segundo año de gestión gubernamental es una muestra de desprecio a quienes con sinceridad se manifestaron, el sábado, justamente contra la delincuencia y la impunidad.
Sólo por ignorancia, complicidad o simulación --esa enfermedad nacional que ahoga a la sociedad-- puede soslayarse que Mouriño es un delincuente confeso de usar sus influencias como servidor público para beneficiar a los negocios familiares, y ya hasta panistas reconocen que ese comportamiento es un ejemplo más de la ruptura de carácter ético del partido de la derecha.
Por supuesto, la multiplicación de las conductas delincuenciales desde el poder --esas que soslayan los histéricos locutores y amanuenses oficialistas-- no se explica sin la impunidad, sello de la casa con Calderón, tal como lo expresó Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), en una declaración que se enmarca en la galería de las desvergüenzas: “Que quede muy claro: En Acción Nacional lo respaldamos, lo hacemos con orgullo. Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”.
Martínez expresó, con esas palabras, la hondura de la impunidad en la actual administración, pero lo hizo sobre todo en los hechos cuando fungió, transitoriamente, como secretario de la Función Pública, en teoría encargado de vigilar el comportamiento legal y ético de los servidores públicos, de los exfuncionarios y de sus parientes.
Fue la política del encubrimiento y no su breve paso para luego presidir por órdenes de Calderón el apéndice partidista del gobierno --como él mismo lo aceptó y consta en el libro El engaño: Prédica y práctica del PAN-- lo que explica que Fox no sólo ostente groseramente su fortuna --y las de sus hijastros--, sino que haya sido llamado como mariscal del inminente proceso electoral.
Así, en materia de combate a la delincuencia común y organizada, incluyendo la que ostenta cargos gubernamentales --como lo prueba el caso Mouriño, Fox y su mujer--, los marchistas del sábado 30 de agosto pueden estar seguros de que no ocurrirá nada eficaz, más que encuentros de relaciones públicas como los efectuados el mismo domingo, con Calderón y Marcelo Ebrard.
Ocurrió exactamente lo mismo hace cuatro años: Entre los 80 puntos que hizo suyos, como ahora Calderón y Ebrard –y seguramente lo harán el resto de los gobernadores, incluyendo el señoritingo Enrique Peña--, Fox les dio por su lado a los convocantes y se comprometió a crear, por ejemplo, un Instituto de Seguridad Pública y Justicia Social, que hasta se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
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