Autor: Marcos Chávez
15 Noviembre 2008
primera de dos partes
La mayoría del Congreso superó las expectativas. Es cierto que de momento no entregó la propiedad petrolera a la corrupción, el saqueo y la voracidad destructora del capital privado nacional y foráneo. Lo hará gradualmente, a plazos, lejos del escrutinio público, bajo el amparo de la “autonomía” de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la protección de la opacidad de leyes secundarias anticonstitucionales. A cambio, los legisladores no sólo aceptaron repartir y dilapidar la renta petrolera, como el Cristo lo hizo con los panes, también entregaron a los hombres de presa todas las fases de la industria de hidrocarburos, desde la exploración hasta la refinación y la petroquímica. Y, por si no fuera suficiente, añadieron en el paquete el resto de la industria energética, la eléctrica, la nuclear y las alternativas.
Algún día, cuando los mexicanos derrumben a sus déspotas e impongan la democracia participativa y el estado de derecho, esos gobernantes y los congresistas tendrán que ser sometidos a juicio político y sancionados penalmente por su felonía a la nación.
El nuevo y feroz clima de linchamiento promovido desde el poder –Ejecutivo, Legislativo, la iglesia, los medios de comunicación y los hombres de presa, además de los nuevos aliados del sistema incrustados dentro de las filas del Partido de la “Revolución Democrática” (PRD)– y por diversos analistas de la derecha, “independientes”, de “izquierda” o “democráticos” en contra de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que encabeza, ha evitado deliberadamente ofrecer una respuesta clara, documentada, detallada y contundente del problema central: ¿el paquete de reformas aprobado por el Congreso es o no reprivatizador de la industria petrolera? ¿Es la respuesta esperada para fortalecerla y recuperarla para el desarrollo nacional socialmente incluyente?
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