Informe en entredicho

Javier Corral Jurado

A Carmen Aristegui, por su mérito ciudadano

Desde que se solicitó la actuación de la PGR para conocer e investigar el artero doble asesinato de Felícitas Martínez y Teresa Bautista de la radio comunitaria La Voz Que Rompe El Silencio, ubicada en San Juan Copala, Oaxaca, aquel 7 de abril de 2008, las autoridades responsables presentaron una inusual resistencia a la atracción del caso para la atención de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas.

Objetaron de entrada la calidad de comunicadoras de las víctimas, basada su oposición en el torpe argumento de que se trataba de simples conductoras que sólo pasaban anuncios y enviaban saludos, además de negarle a la radio comunitaria el reconocimiento de un auténtico medio de comunicación.

No fue sino hasta el 15 de mayo, cuando se entregaron los premios nacionales de Periodismo, y sólo unos minutos antes de que en dicha ceremonia se premiara post mortem a las dos comunicadoras indígenas, cuando la PGR anunció hacerse cargo del caso. Sin duda, la presión que le significó que las dos jovencitas, de 21 y 23 años de edad, recibieran el reconocimiento del gremio periodístico como colegas que cumplían una inmensa labor de orientación social hizo rectificar la insensata postura. Sin embargo, de entonces a la fecha, la visión no ha cambiado mucho y ahora se informa que el asesinato “no tuvo que ver con el ejercicio de comunicación que desempeñaban en la emisora”.
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