Antepuso la Corte futuro político de Peña Nieto sobre víctimas: abogado del FPDT

■ Los ministros citaron tesis de Nuremberg, pero “al final dieron impunidad a altos mandos”
■ Falso, que el uso de la fuerza pública haya sido un recurso necesario, asegura Leonel Rivero

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) citaron en dos ocasiones tesis jurídicas basadas en los juicios de Nuremberg y en los más recientes tribunales especiales para Ruanda y Yugoslavia, sobre la responsabilidad de los altos mandos y los gobernantes en la comisión de excesos y violaciones a los derechos humanos por sus mandos inferiores, durante los cuatro días que se enfrascaron en el análisis del caso de San Salvador Atenco.
Sin embargo, apunta el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Leonel Rivero, pese a reconocer ese marco legal internacional, caminaron en sentido contrario para concluir que pese a la brutalidad ejercida, el uso de la fuerza pública en mayo de 2006 fue “legítimo” y deslindaron de toda culpa a gobernantes, autoridades y altos mandos.
“Tenía expectativas moderadas. Pero el resultado fue peor al que esperaba –expresa en entrevista–; pensé que el ministro dictaminador, José de Jesús Gudiño, y el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, honrarían la palabra que habían empeñado ante un grupo de víctimas (en particular mujeres violadas, ex presos golpeados y familiares de procesados) con quienes se reunieron durante el proceso de investigación.”
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