Bernardo Bátiz V.
Hace ya varios meses, en un debate que tuvo lugar sobre la llamada reforma judicial, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), uno de los defensores de los proyectos que estaban ya circulando en las cámaras dijo, en defensa de la posición oficialista y en un arranque de sinceridad, que en realidad lo que pretendían era “mano dura”.
Se hablaba por supuesto de los juicios orales, de la transparencia y de la sustitución de los procesos inquisitorios por procesos controversiales en los que cada parte se encuentre en igualdad de situaciones, derechos y recursos frente a un juez imparcial; las objeciones que hacíamos entonces siguen siendo válidas para la oralidad no se necesitaba reforma constitucional, los juicios en buena medida ya eran orales en los careos, en las audiencias, en los interrogatorios a testigos y comparecencias de peritos; los juicios ya son controversiales desde las reformas impulsadas por Carranza en la Constitución de 1917, lo único que faltaba era experimentar a fondo el procedimiento y limpiarlo de corruptelas e ineptitudes.
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