Gustavo Leal F.*
El argumento que esgrimió Calderón para "reformar" –con el PRI– la Ley del ISSSTE consistió en que la medida se traduciría en una mejora sustancial de las finanzas públicas. ¿Era eso cierto? ¡Parece que no!
Las primeras cifras sobre el costo de la "reforma" surgieron desde la tecnocracia hacendaria foxista vía la oficina de José Antonio González Anaya (hoy al frente de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP) y fueron propaladas por Samuel Aguilar, diputado priísta que, entre rechiflas y abucheos, leyó la iniciativa de "reforma" el 14 de marzo de 2007.
Votado el nuevo ordenamiento por fast track, casi sin debate e ignorando las fallas contundentes del esquema mexicano de capitalización individual que impuso Zedillo 12 años antes en el IMSS para los trabajadores del aparatado A del artículo 123 constitucional, correspondió al IMEF ajustar el cálculo tecnocrático de González Anaya y encender las primeras luces de alerta: "costará más de 2 billones de pesos, y seguirá siendo insuficiente", advirtió.
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