Manuel Camacho Sólis
Cananea es, en 2009, una zona de desastre para la política. Lo es por su valor simbólico, pero sobre todo por la incapacidad de un régimen —que aspira a ser democrático— de resolver un conflicto laboral por la vía pacífica, en detrimento de los derechos e intereses legítimos de las partes obrera y patronal.
Desde un principio, la huelga debió de haberse enfrentado por la vía de la conciliación. En una empresa, el diseño de suprimir a una de las partes, es pretencioso e impráctico; sobre todo si la parte que se propone excluir puede defenderse en los tribunales y tiene poder real. Los trabajadores, cuando tienen alguna posibilidad —así sea mínima— de defensa jurídica, determinación para resistir y sus líderes no se venden. El empresario, cuando puede mover su recurso fuera (en este caso explotar otra mina en Perú) y tiene la posibilidad de prolongar indefinidamente el conflicto, aun si ello le representa pérdidas cuantiosas. Cananea es de este género: obreros resistentes y patrón inflexible, llevan a conflicto largo y riesgoso.
Desde que la huelga comenzó, los costos han sido enormes para los trabajadores y para sus familias. También para el patrón. El señor Germán Larrea ha visto disminuido significativamente su patrimonio por la caída en los precios del cobre por la recesión, sus litigios internacionales y las ventas no realizadas por el paro en el momento de los más altos precios.
Leer Nota AQUI