La orientación de las acciones de un país y la (in)capacidad de sus ciudadanos de decidir esa orientación y de obligar a su gobierno a adoptarla es una consecuencia natural de la educación que esos ciudadanos (no) poseen. Esta es una verdad histórica harto conocida por los gobernantes desde tiempos remotos y desafortunadamente practicada con entusiasmo por muchos de ellos, hasta nuestros días.
Esta es, sin lugar a duda, la principal razón del atraso y de las condiciones de inequidad en que hemos vivido los mexicanos a lo largo de nuestra historia, salvo periodos muy breves, surgidos cuando la situación se ha vuelto intolerable, como durante los inicios de la Independencia y de la Revolución, o ante casos de gobiernos excepcionales como los de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. En un par de artículos anteriores he hecho ya referencia a este tema y a la responsabilidad que en ello han tenido y tienen los grupos y la gente de la izquierda, entendida ésta como aquella que supuestamente lucha por el bienestar colectivo frente a los intereses particulares, por la soberanía frente a la sumisión ante lo extranjero, por los trabajadores frente al capital, por la justicia social frente a los privilegios de los pocos.
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