Primero de mayo, justicia para los mineros

Arturo Alcalde Justiniani

¿Qué sentido tiene estudiar la carrera de derecho, si las autoridades encargadas de aplicar las leyes se burlan de ellas con tanto cinismo?, se preguntaba un estudiante con motivo de la resolución dictada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el pasado 14 de abril en contra de los mineros de Cananea. De un plumazo y en tan sólo un día, este tribunal desahogó una pantomima de juicio desde su etapa inicial hasta el laudo, aunque era fundamental realizar una investigación a fin de determinar si se actualizaba la causal de terminación de las relaciones colectivas de trabajo, consistente en la imposibilidad de seguir operando en el futuro por causas de fuerza mayor. La JFCA se negó a desahogar las pruebas idóneas para el caso ofrecidas por los trabajadores, aceptando el argumento patronal de que por causas de fuerza mayor la mina no podría operar más, y así autorizó el despido de mil 200 trabajadores, con indemnizaciones disminuidas, y tuvo por desaparecido el contrato colectivo y terminada la huelga, en consecuencia, a pesar de que ese mismo día se vio obligada a declararla existente por orden del Poder Judicial Federal.

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