El 2 de septiembre, día en que Calderón dio un mensaje y no el informe a que le obliga el artículo 69 de la Constitución, las calles aledañas al Zócalo capitalino fueron tomadas por miembros de la Policía Federal Preventiva y del Estado Mayor Presidencial. En esos lugares, se restringieron de facto para todas las personas las garantías de libre tránsito, de reunión y de manifestación, sin que el Congreso de la Unión lo autorizara, tal como lo establece el artículo 29 de la Carta Magna.Un grupo de legisladores de los partidos del Trabajo y del PRD quisimos acercarnos a las puertas de Palacio Nacional para leer un documento. En él criticamos el aparto represivo del gobierno de Calderón, la militarización anticonstitucional del país, la violación de los derechos humanos, el fracaso de las políticas económicas del gobierno y, exigimos la renuncia del gobierno de facto. Las fuerzas del orden nos impidieron el paso como a muchos otros ciudadanos y no pudimos leer el contenido del texto en el sitio público en el que queríamos hacerlo.
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