Sábado, 26 de Diciembre
Ya se cumplen aproximadamente dos meses del asesinato del activista morelense y defensor de la tierra, Miguel Ángel Pérez Cazales, y aún no han sido aclarados los móviles del mismo, ni se han tenido resultados de los avances de la investigación que a partir de la presión social y de la “intervención” de diputados locales iniciara la Procuraduría General de Justicia de Morelos.
Mientras la sociedad morelense y la de Cuernavaca, en particular, se han visto impactadas por los efectos de la denominada por el Presidente de la República “guerra sin cuartel contra el crimen organizado”, el gobierno estatal persiste en negarse a ver y a responder por la creciente violencia contra grupos vulnerables como mujeres, niños y ancianos, los feminicidios que aumentan su cifra cotidianamente y la tolerancia y falta de control a las acciones de efectivos municipales, estatales y federales que han pasado por encima de los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos sin que la propia ciudadanía tenga la posibilidad de aquilatar si en efecto están cumpliendo con su deber o responden a intereses ajenos a su función social, tal como se presume en la investigación que sí ha tenido avances, hacia los peritos y proceptores que permitieron y perpetraron la alteración de la “escena del crimen” (cuando en realidad se trató de un asesinato) con la toma de fotografías vejatorias del cadáver de uno de los jefes del narco ultimado en un departamento del conjunto Altitude. Leer mas
Mientras la sociedad morelense y la de Cuernavaca, en particular, se han visto impactadas por los efectos de la denominada por el Presidente de la República “guerra sin cuartel contra el crimen organizado”, el gobierno estatal persiste en negarse a ver y a responder por la creciente violencia contra grupos vulnerables como mujeres, niños y ancianos, los feminicidios que aumentan su cifra cotidianamente y la tolerancia y falta de control a las acciones de efectivos municipales, estatales y federales que han pasado por encima de los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos sin que la propia ciudadanía tenga la posibilidad de aquilatar si en efecto están cumpliendo con su deber o responden a intereses ajenos a su función social, tal como se presume en la investigación que sí ha tenido avances, hacia los peritos y proceptores que permitieron y perpetraron la alteración de la “escena del crimen” (cuando en realidad se trató de un asesinato) con la toma de fotografías vejatorias del cadáver de uno de los jefes del narco ultimado en un departamento del conjunto Altitude. Leer mas
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