Gregorio “Greg” Sánchez lleva casi tres años gobernando Cancún, al mismo tiempo que ejerce como pastor cristiano y utiliza a su iglesia para fines políticos. Ahora resulta que además era rehén de intereses oscuros que le habrían prestado diez millones de dólares “extras” para su campaña; recursos sin los cuales, dijo su equipo, no hubiera sido posible ganar el voto popular. Hasta aquí dos problemas: la violación a la Constitución y al Estado laico y la violación de las leyes electorales por utilizar recursos extraordinarios no reportados al Instituto Electoral. Pero hay otro más preocupante: ¿qué tipo de obligaciones políticas y tráfico de influencias existen detrás de ese préstamo? ¿Para quién gobierna, para la ciudadanía que votó por él o para “el inversionista” que financió su llegada a la alcaldía? |