La resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio tendría que sentar precedente a fin de no sólo revertir la sentencia de 21 años de prisión impuesta a estas mujeres, sino también terminar con la criminalización de la protesta social y la constante vulneración de los derechos de indígenas y pobres en el país, afirmó Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh).De igual forma, el dictamen deberá garantizar para este y otros casos el acceso al debido proceso, principalmente porque el de las indígenas ñañúes no es un asunto aislado, sino un patrón de conducta en los tribunales, siempre en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población.
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