En el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social impera un “desorden generalizado”. Casi todos los establecimientos donde se presta a los derechohabientes un servicio a cuyo costo contribuyen con sus cuotas, operan en la ilegalidad, por dos razones: una es que ese Instituto debe brindar directamente tal servicio o subrogarlo a patrones —algo que ocurre excepcionalmente— y carece de base legal para entregar su manejo a particulares; y la segunda es que éstos ofrecen el servicio sin cumplir los requisitos determinados por su contratante, cuya laxitud impide exigir apego a sus normas. Esa conclusión, que en otras sociedades produciría una estruendosa conmoción, es la médula, la nuez del informe preliminar presentado el lunes por miembros del poder judicial encargados de averiguar, más allá de los procedimiento penales en curso, qué pasó en la guardería ABC de Hermosillo en cuyo incendio del 5 de junio pasado murieron asfixiados o quemados 49 niñas y niños. |