Sara Lovera
MEXICO, D.F., 29 de abril (apro).- En los últimos tres años, como una ráfaga incandescente, cerca de 80 periodistas --hombres y mujeres-- han sido asesinados, muchos perseguidos y otros y otras desaparecidas.
El último fin de semana dos periodistas de Morelos recibieron a través del correo electrónico la amenaza más tremenda que se le puede hacer a una persona: “Sabemos a qué escuela van tus hijos y te estamos vigilando”.
Las periodistas temblaron. Son parte de una lista amenazada de 17 colegas de la región, donde la batalla que mató a Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre 2009, ha significado confusión y venganza. El objetivo es la autocensura de los profesionales del periodismo y la garantía del silencio.
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Las periodistas temblaron. Son parte de una lista amenazada de 17 colegas de la región, donde la batalla que mató a Arturo Beltrán Leyva el 16 de diciembre 2009, ha significado confusión y venganza. El objetivo es la autocensura de los profesionales del periodismo y la garantía del silencio.
Se protege al Ejército, no al ciudadano
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 29 de abril.- A pesar de que tanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron que el Estado mexicano debe crear y aplicar mecanismos de defensa a favor de los gobernados para prevenir y remediar los abusos de autoridad y la violación de los derechos humanos de la población, la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envió el Ejecutivo al Senado el 21 de abril de 2009 ignora el tema y, en cambio, pretende blindar la actuación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para defender la seguridad interior.
El 5 de marzo de 1996, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 167 diputados federales en contra de diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego, el 27 de marzo de 2000, acordó publicar como tesis jurisprudenciales seis resoluciones de dicha sentencia.
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El 5 de marzo de 1996, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 167 diputados federales en contra de diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego, el 27 de marzo de 2000, acordó publicar como tesis jurisprudenciales seis resoluciones de dicha sentencia.
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