Tenemos ministros que sólo conciben la justicia si no afecta a los intereses del poder, llamado en este caso, eufemísticamente, “instituciones”.
La autonomía e independencia del Poder Judicial quedó en duda después de su reciente fallo sobre el caso de la guardería ABC; la intromisión del gobierno federal en la discusión del tema, a través de la presencia directa del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la Corte, y la posterior adopción de los argumentos textuales del Ejecutivo federal en el voto y las argumentaciones de ocho ministros —no señalar públicamente faltas éticas o morales de funcionarios federales— representa una clara sumisión de la mayoría de los ministros al dictado que les mandaron desde Los Pinos y que acataron fielmente: no aceptar, por ningún motivo, el señalamiento público como “responsables” de los colaboradores del Presidente.
Salvo el caso de los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y el autor del dictamen desechado, Arturo Zaldívar, el resto de los ministros actuaron y votaron en este caso paradigmático, más como empleados del Presidente y su gabinete, que como auténticos representantes de uno de los tres poderes constitucionales. En su fallo, la mayoría de ministros privilegió “la defensa de las instituciones” (aunque más bien fue de los políticos que las encabezan) que la defensa del pueblo al que, según la Constitución, se deben y representan.
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La autonomía e independencia del Poder Judicial quedó en duda después de su reciente fallo sobre el caso de la guardería ABC; la intromisión del gobierno federal en la discusión del tema, a través de la presencia directa del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la Corte, y la posterior adopción de los argumentos textuales del Ejecutivo federal en el voto y las argumentaciones de ocho ministros —no señalar públicamente faltas éticas o morales de funcionarios federales— representa una clara sumisión de la mayoría de los ministros al dictado que les mandaron desde Los Pinos y que acataron fielmente: no aceptar, por ningún motivo, el señalamiento público como “responsables” de los colaboradores del Presidente.
Salvo el caso de los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y el autor del dictamen desechado, Arturo Zaldívar, el resto de los ministros actuaron y votaron en este caso paradigmático, más como empleados del Presidente y su gabinete, que como auténticos representantes de uno de los tres poderes constitucionales. En su fallo, la mayoría de ministros privilegió “la defensa de las instituciones” (aunque más bien fue de los políticos que las encabezan) que la defensa del pueblo al que, según la Constitución, se deben y representan.
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