MEXICO, DF, 18 de julio (apro).- Desde el pasado 27 de abril, el abogado mexicano Enrique Rivera Sierra es un “refugiado” en Canadá conforme a la Convención internacional de Ginebra.
Así lo señala la sentencia emitida por la División de Protección a los Refugiados de la Oficina de Inmigración y Refugiados (IRB, por su sigla en inglés) del gobierno de Canadá, la cual fue firmada por el juez de ese país, Michel Byczak.
Rivera, originario de San Luis Potosí y exrepresentante legal del Frente Amplio Opositor (FAO), llegó a la ciudad de Montreal el 24 de mayo de 2007 y pidió refugio después de que durante meses él y sus compañeros del FAO sufrieron hostigamiento y actos violentos. La razón: su rechazo a las actividades de la empresa Minera San Xavier (MSX), subsidiaria de la empresa canadiense New Gold Inc.
De hecho, el activista mexicano decidió pedir refugio a Canadá tras la emisión por parte de las autoridades de San Luis Potosí de una orden de aprensión en su contra, en la que, afirma, le imputaron “delitos falsos”.
Sin embargo, para que las autoridades canadienses le otorgaran el status de refugiado tuvieron que pasar casi tres años. Él y su abogado, el canadiense Jared Will, proporcionaron todo tipo de pruebas que, según la sentencia, demostraron que “hay la razonable posibilidad” de que será perseguido si regresa a México.
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Así lo señala la sentencia emitida por la División de Protección a los Refugiados de la Oficina de Inmigración y Refugiados (IRB, por su sigla en inglés) del gobierno de Canadá, la cual fue firmada por el juez de ese país, Michel Byczak.
Rivera, originario de San Luis Potosí y exrepresentante legal del Frente Amplio Opositor (FAO), llegó a la ciudad de Montreal el 24 de mayo de 2007 y pidió refugio después de que durante meses él y sus compañeros del FAO sufrieron hostigamiento y actos violentos. La razón: su rechazo a las actividades de la empresa Minera San Xavier (MSX), subsidiaria de la empresa canadiense New Gold Inc.
De hecho, el activista mexicano decidió pedir refugio a Canadá tras la emisión por parte de las autoridades de San Luis Potosí de una orden de aprensión en su contra, en la que, afirma, le imputaron “delitos falsos”.
Sin embargo, para que las autoridades canadienses le otorgaran el status de refugiado tuvieron que pasar casi tres años. Él y su abogado, el canadiense Jared Will, proporcionaron todo tipo de pruebas que, según la sentencia, demostraron que “hay la razonable posibilidad” de que será perseguido si regresa a México.
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