Jorge Torres
Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, los arraigos de supuestos delincuentes en instalaciones militares se cuentan por decenas. Tanto el Ejército Mexicano como la Procuraduría General de la República se niegan a informar del número total de civiles “bajo custodia” militar. Organizaciones defensoras de derechos humanos documentan torturas y abusos de quienes sobreviven a las cárceles castrenses. Ninguna autoridad civil tiene siquiera conocimiento de lo que sucede en esos centros de reclusión.
El gobierno del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le ha otorgado al Ejército Mexicano la facultad de tomar prisioneros de “guerra” en la lucha contra las drogas. Mediante la figura legalizada del arraigo –un polémico mecanismo jurídico elevado a rango constitucional el 18 de junio de 2008–, el Ejército mantiene bajo su jurisdicción a un número indeterminado de civiles detenidos en cárceles improvisadas en cuarteles militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a precisar el número de personas que han pasado por sus cuarteles. Sin embargo, de la escueta respuesta a una solicitud de información presentada mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), se desprende el acuerdo tácito entre la propia Secretaría y los agentes del Ministerio Público para arraigar a civiles en los cuarteles castrenses.
“El arraigo de personas no es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, obedeciendo únicamente a solicitudes del Ministerio Público de la Federación, atendiendo a sus facultades constitucionales (…) y ante las valoraciones de las circunstancias y la falta de lugares o recursos para aplicarlos en forma inmediata”.
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El gobierno del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa le ha otorgado al Ejército Mexicano la facultad de tomar prisioneros de “guerra” en la lucha contra las drogas. Mediante la figura legalizada del arraigo –un polémico mecanismo jurídico elevado a rango constitucional el 18 de junio de 2008–, el Ejército mantiene bajo su jurisdicción a un número indeterminado de civiles detenidos en cárceles improvisadas en cuarteles militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a precisar el número de personas que han pasado por sus cuarteles. Sin embargo, de la escueta respuesta a una solicitud de información presentada mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), se desprende el acuerdo tácito entre la propia Secretaría y los agentes del Ministerio Público para arraigar a civiles en los cuarteles castrenses.
“El arraigo de personas no es responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, obedeciendo únicamente a solicitudes del Ministerio Público de la Federación, atendiendo a sus facultades constitucionales (…) y ante las valoraciones de las circunstancias y la falta de lugares o recursos para aplicarlos en forma inmediata”.
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