Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.; 3 de septiembre (apro).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dado vueltas y vueltas, pero pronto tendrán que definir si solapan a los militares violadores de derechos humanos o si sacan a México de la condición de casi paria internacional en la que se encuentra por negarse a acotar el fuero militar.
La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.
Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.
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La disyuntiva es resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la guerra sucia contra la guerrilla en México.
Como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, cuyo máximo representante es la Suprema Corte, está obligado a cumplir con la sentencia en lo que le corresponde, pues la jurisdicción de la Corte Interamericana fue reconocida por México en 1998.
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