La mitad de las aeronaves que la Procuraduría General de la República utiliza en tareas de combate contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no está inventariada y sobrevuela con matrículas estadunidenses, lo que contraviene la ley. El personal de servicios aéreos no cumple con los controles de confianza y decenas de pilotos de esa dependencia perdieron sus licencias por irregularidades
La Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) es un área medular para el combate a la delincuencia organizada y estratégica en la “guerra” contra el narcotráfico; sin embargo, opera con graves deficiencias administrativas y personal bajo sospecha de corrupción.
Las auditorías que a esta área practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exponen graves problemas contables en inventarios y registros de las aeronaves, tanto de las que la PGR adquirió con recursos propios, así como las donadas por el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, en el marco del Acuerdo Bilateral para Combatir al Narcotráfico y la Farmacodependencia y del Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre cooperación contra las drogas.
De las 94 aeronaves que comprende la flota aérea de la PGR, 59 no están registradas en los inventarios. De las 35 que sí están en inventariadas, sólo 25 cuentan con la documentación que acredita que son propiedad de la PGR, como la factura o los oficios de donación emitidos por la Embajada de Estados Unidos. Las 10 aeronaves de las cuales la PGR no tiene documentación que acredite su propiedad representan un patrimonio de 87 millones de pesos.
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La Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) es un área medular para el combate a la delincuencia organizada y estratégica en la “guerra” contra el narcotráfico; sin embargo, opera con graves deficiencias administrativas y personal bajo sospecha de corrupción.
Las auditorías que a esta área practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exponen graves problemas contables en inventarios y registros de las aeronaves, tanto de las que la PGR adquirió con recursos propios, así como las donadas por el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, en el marco del Acuerdo Bilateral para Combatir al Narcotráfico y la Farmacodependencia y del Acuerdo entre México y Estados Unidos sobre cooperación contra las drogas.
De las 94 aeronaves que comprende la flota aérea de la PGR, 59 no están registradas en los inventarios. De las 35 que sí están en inventariadas, sólo 25 cuentan con la documentación que acredita que son propiedad de la PGR, como la factura o los oficios de donación emitidos por la Embajada de Estados Unidos. Las 10 aeronaves de las cuales la PGR no tiene documentación que acredite su propiedad representan un patrimonio de 87 millones de pesos.
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