MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia de transparencia no busca “dotar de autonomía” ni “modernizar” al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), sino aumentar el control de la Presidencia de la República sobre el flujo de información gubernamental y preservar la opacidad. Información es poder, y la ambición de los priistas no tiene límites. Hoy los huecos discursos de “la transparencia políticamente correcta” se revelan como la coartada perfecta para construir un Frankenstein institucional que multiplique la impunidad y la simulación.
El punto nodal de la iniciativa no es el maquillaje de autonomía con que se vende, sino la forma de nombramiento de los comisionados. Peña Nieto ratifica en todos sus términos, e incluso eleva a nivel constitucional, la retrógrada fórmula impuesta por Vicente Fox hace más de una década. Este viciado proceso de designación ha dado tan buenos resultados a los hoy aliados panistas de Peña que el próximo gobierno ya se frota las manos con los nuevos supercomisionados totalmente peñanietistas.
Para el próximo IFAI priista no habrá convocatorias a la sociedad, ni “ternas” de candidatos, ni comparecencias ante ningún órgano legislativo. Tal y como ha ocurrido con todos los comisionados desde 2002, simplemente saldrá “humo blanco” desde Los Pinos, y el Senado quedará con la única facultad de “objetar” los nombramientos dentro de los 30 días posteriores. Para los senadores, volverá el humillante papel de actuar como obedientes “levantadedos” del “Señor Presidente”. Además, ni siquiera será necesario que los señores del Senado realicen tal esfuerzo dactilar porque, si dentro de los 30 días correspondientes los legisladores no objetan, los nombramientos del Ejecutivo serán aprobados de manera automática.
En el hipotético caso de que a un grupo de senadores se les ocurra rebelarse, la iniciativa guarda a Peña Nieto una bala de plata para casos de emergencia. Su iniciativa de reforma al artículo 6º constitucional aclara que si los legisladores objetan sus primeras dos propuestas, el presidente “designará directamente a otra persona” sin tomarse la molestia de pasarla por la aduana del Congreso.
En otras palabras, Peña Nieto tendrá total libertad para nombrar a quien él quiera como comisionado del IFAI. La disyuntiva verdadera para el presidente será si entra o no en negociaciones con el Senado para vestir sus nombramientos de cierta legitimidad, o si prefiere actuar de manera unilateral, guardando su ficha preferida para el tercer nombramiento con el recurso de proponer dos candidatos fácilmente desechables.
Así pues, la propuesta paralela de ampliar de cinco a siete la cantidad de comisionados del IFAI no busca “fortalecer” al instituto con “nuevos recursos humanos”, sino controlar mejor el organismo “autónomo” con dos nuevos nombramientos realizados directamente por Peña Nieto durante los primeros días de su presidencia. De colofón, el transitorio cuarto de la iniciativa indica que una de estas nuevas designaciones será algo así como un supercomisionado que gozará del nombramiento más largo en la historia del IFAI, ya que permanecerá hasta el 31 de marzo de 2020.
La iniciativa también asienta que “de manera excepcional” –y ya sabemos que en nuestro país la excepción hace la regla– “el consejero jurídico del gobierno o los titulares de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional”. Recordemos que el IFE argumentó en su momento que otorgar acceso ciudadano a las boletas electorales de 2006 “pondría en riesgo la seguridad nacional”. El nuevo mandatario sin duda aplicará la misma regla para evitar el flujo de información sobre los casos de Monex, Santander y la compra de votos.
Finalmente, se pretende la ampliación de facultades del IFAI para que, por un lado, tenga competencia sobre el Congreso de la Unión, el Poder Judicial y los órganos autónomos y, por otro, revise las resoluciones de los órganos de transparencia de los estados. Esto no implicaría la imposición de criterios ciudadanos a los otros poderes y niveles de gobierno, sino la subordinación de todas las instituciones del país al muy particular enfoque de un político que bien podría llevarse la medalla de oro en la competida categoría de opacidad, corrupción y encubrimiento.
En suma, la iniciativa de Peña no busca aumentar la “autonomía” de los órganos garantes, sino asegurar que los criterios políticos predominen sobre los legales a la hora de resolver los recursos de revisión.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM. www.irmaerendira.blogspot.com
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