martes, 2 de octubre de 2012

Ofrece la PGR disculpas a familiares de víctima de desaparición forzada GLORIA LETICIA DÍAZ 1 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ofreció una disculpa pública en nombre del Estado mexicano a los familiares de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, víctima de desaparición forzada en marzo de 2002, en hechos atribuidos a integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Procuraduría capitalina.
La admisión de responsabilidad por parte del gobierno de México en la desaparición de Gutiérrez Olvera forma parte del acuerdo amistoso a que llegó el Estado frente a los familiares quienes, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la impunidad en que se encuentra el caso.
La CDHDF, junto con las organizaciones Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura (ACAT-México) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), puso a consideración de la CIDH el caso, el pasado 3 de julio de 2003, el cual fue admitido en noviembre de 2010.
Meses más tarde, en febrero de 2011, se llevó a cabo la audiencia en la sede del organismo en Washington y, en mayo pasado, representantes del Estado y familiares del desaparecido firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa.
“El Estado mexicano reconoce que el señor Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, padre de familia, hijo y hermano, fue víctima de violaciones a sus derechos humanos tras ser detenido por agentes del Estado mexicano, entre ellos de la extinta Agencia Federal de Investigación”.
El Estado mexicano, destacó Morales Ibáñez, “asume su responsabilidad y solicita sentidamente el perdón de las víctimas y de toda la sociedad”.
La titular de la PGR también reconoció la responsabilidad del Estado en la “vulneración a la integridad psicológica de los familiares de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera”, acción que, admitió, “ha exacerbado en sus familiares los sentimientos de impotencia”.
No obstante, el acto público de reconocimiento de responsabilidad estuvo fuertemente vigilado por personal de la PGR, que prácticamente tomó el control de las instalaciones de la CDHDF para restringir el ingreso al salón Digna Ochoa, donde se desarrolló el evento, y desplegar un operativo que incluyó perros entrenados para detectar explosivos.
Después de escuchar los reclamos de doña Leonor Olvera, madre de Jesús Ángel, la procuradora general de la República se comprometió a dar seguimiento personal a las investigaciones que buscan dar con el paradero de la víctima
Pequeña de estatura, a doña Leonor Olvera no le faltó valor para exhibir públicamente a la PGR como culpable de la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de su hijo, quien este lunes cumpliría 35 años.
“Si a mí me llega a pasar algo o a mis hijos, responsabilizo a la PGR”, advirtió doña Leonor.
También hizo un llamado a Marisela Morales para “que le eche ganas” al caso. “¡Quiero a mi hijo como esté –exigió Leonor Olvera–; sé que lo mataron y lo fueron a enterrar a no sé dónde, pero lo quiero conmigo!
“Hay muchas madres como yo, miles de casos de mujeres que están sufriendo” por sus desaparecidos, sostuvo doña Leonor, para quien el llanto no impidió contar las penurias que sufrió en los últimos 10 años.
Leonor Guadalupe Olvera, que en el presídium estuvo acompañada por su hija Sandra, contó entre lágrimas haber recorrido hospitales, servicios forenses, cárceles y delegaciones de policía en todo el país en busca de su hijo, detenido el 14 de marzo de 2002 en su centro de trabajo, por un grupo de 13 agentes federales y capitalinos, quienes después lo trasladaron a instalaciones de la PGR.
La mujer destacó que, en cuanto empezó a ventilar los hechos en los medios de comunicación, empezó a sufrir amenazas de muerte. Incluso, testigos de los hechos y funcionarios de las dependencias implicadas que le proporcionaron información también fueron hostigados para evitar el esclarecimiento del caso.
“Me decían, ‘te vamos a matar’, y yo les decía, ‘pues mátenme, al fin que ya estoy muerta en vida’, y después me dijeron, ‘te vamos a meter a la cárcel’, y me lo cumplieron”, narró la madre de Jesús Ángel.
Leonor Olvera fue detenida el 15 de septiembre de 2009, acusada de posesión y venta de droga en su casa, inmueble del que fue despojada al ser sometida a un proceso de extinción de dominio. Un año después fue exonerada judicialmente y, en noviembre de 2011, se le devolvió su propiedad.
La mujer insistió en que continuará con su lucha.
“No descansaré hasta conocer el paradero de mi hijo, porque no me robaron una casa o un carro, se llevaron a mi hijo. Exijo que me lo entreguen porque se lo llevaron personas que están para que nos cuiden, no para que nos desaparezcan”, acusó.
En el mismo sentido, el ómbudsman capitalino, Luis González Plascencia, manifestó a la titular de la PGR que “está en sus manos resarcir el daño” causado a la familia Gutiérrez Olvera, así como localizar a los responsables y sancionarlos.
Sostuvo que Jesús Ángel “no fue víctima de la casualidad, sino de un sistema penal que ha legitimado ante todo la coyuntura política, las estadísticas y los intereses personales”, denunció el presidente de la CDHDF, quien recordó que a la víctima “se le fabricaron delitos y se le torturó para que aceptara su responsabilidad en un secuestro que no cometió, acusación que pende todavía contra Jesús Ángel”.
Luego puntualizó que el Estado mexicano tiene una “deuda histórica” en materia de desaparición forzada con familiares de víctimas de los años setenta, de la época conocida como la “guerra sucia”, así como con aquellas personas desparecidas en el actual contexto de violencia, y que todos esperan, como doña Leonor, “verdad, justicia y reparación”.
La directora para México y Centroamérica del Cejil, Alejandra Nuño, detalló que el caso llegó hasta la CIDH ante los esfuerzos “infructuosos” de la familia Gutiérrez Olvera para dar con el paradero de Jesús Ángel.
Los familiares del desaparecido, recordó, no sólo fueron víctimas de “la obstrucción para la investigación, la estigmatización y la inoperancia” de los órganos del Estado, sino que “fueron amenazados y hostigados y, a doña Leonor, se le privó de la libertad por un año, además de que le quitaron su vivienda”.
La solicitud de perdón, acotó, “implica reconocer que se ha cometido una violación de derechos humanos, pero también debe ser un compromiso expreso y público por las más altas autoridades del Estado para dar con el paradero de Jesús Ángel, dar a conocer la verdad de lo sucedido y sancionar a los responsables”.
Al acto también acudieron los subsecretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación, Juan José Gómez Robledo y Max Diener Sala, respectivamente.


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