Asa Cristina Laurell análisis de la Ley de Asociaciones Público Privadas

Esta iniciativa privatizadora de las actividades del estado es analizada pos Asa Cristina Laurell, Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo como un proceso de desmantelamiento del derecho a la salud, al costear las obras públicas con altos intereses a largo plazo, lo que al final lleva a la perdida primordial del objeto de la obra pública: termina costeándose los intereses financieros a costa del servicio de salud.

Excelente análisis desde el Círculo de Estudios Coapa.

Influenza A/H1N1 y la industria farmacéutica. La promoción de la pandemia: Asa Cristina Laurell

* Expertos cuestionan la base científica de Tamiflu, indica

* Efectos secundarios sin publicar, señala

* Experto de la OMS ligado a grandes corporativos farmacéuticas, opina

Las controversias sobre la Influenza A/H1N1 son cada día más intensas. La
British Journal of Medicine (BMJ) abrió con nueva fuerza el debate en su
publicación del 8 de diciembre, 2009, donde reporta los hallazgos sobre la
utilidad de oseltamivir (Tamiflu y Zanamivir) para prevención y
tratamiento de la Influenza humana, detalló la secretaria de Salud del
Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.

Recordó que BMJ dedicó su editorial y dos artículos al tema. El primer
artículo relevante es la nueva revisión al respecto de Cochrane
Collaboration (CC), reconocido como la autoridad mundial en “Medicina
Basada en Evidencias”, y el segundo que analiza la solidez de los estudios
publicados sobre el mismo tema.

Indicó que así la revisión sistemática de la literatura científica sobre
la utilidad de oseltamivir demostró que no tiene efecto profiláctico con
respecto a la llamada “enfermedad similar a la influenza” o la influenza
sin síntomas.

Tampoco se mostró eficiente para reducir la pulmonía como complicación de
la influenza. Sólo se demostró que tiene cierto efecto en casos de
influenza confirmados por laboratorio. El único efecto secundario
registrado fue nausea pero ocho estudios sobre complicaciones no han sido
publicados, alertó la secretaria de Salud.

Opinó que lo que empezó como una revisión rutinaria de CC resultó en
revelaciones muy importantes sobre la ingenuidad de las revistas
científicas respecto a la veracidad de los datos presentados en artículos
aprobados por sus revisores científicos.

Otro hallazgo revelador del estudio de CC, prosiguió, fue que todos los
estudios publicados y/o sus autores habían recibido apoyo de la compañía
farmacéutica Roche que produce Tamiflu al igual que los estudios no
publicados sobre sus efectos adversos.

El equipo de Cochrane se dio a la tarea de conseguir los datos necesarios
para verificar las afirmaciones de que oseltamivir hace bajar las
complicaciones serias de la influenza como la pulmonía. Para ello entró en
contacto con Roche y varios de los autores de los artículos publicados. No
obtuvo los datos pero descubrió que la base pública de evidencias sobre
este medicamento de salud pública es fragmentada, inconsistente y
contradictoria, explicó

Expuso que lo antes señalado hace constatar que: “no estamos seguros que
oseltamivir ofrece ventajas terapéuticas o de salud pública sobre
medicamentos baratos y de fácil acceso como por ejemplo la aspirina”.

Señaló que también descubrió que la información que Roche ofrece sobre
Tamiflu en los EUA es diferente y más amplia que la ofrecida al resto de
los países; reconoce entre otras cosas que no está comprobado que Tamiflu
reduce las complicaciones de la influenza.

Mencionó que con respecto a las reacciones adversas la llamada “base de
seguridad” de Roche contiene 2 mil 466 reportes de reacciones adversas
neuro-psiquiátricas de las cuales 562 están clasificados como “graves”.

Las conclusiones que saca el equipo de CC de esta experiencia es que deben
ponerse a disposición la base completa de datos utilizada por los autores
a los revisores de artículos de revistas científicas y permitir que se
pueda verificar los datos incluidos o excluidos en los artículos,
recomendó Asa Cristina Laurell

“Es decir, se requiere que la base científica sobre la efectividad y los
daños de los medicamentos sea pública y abierta al análisis
independiente”, enfatizó al resaltar que para los ciudadanos y las
autoridades sanitarias, internacionales y nacionales, el problema es
inmediato y de gran importancia.

Propuso que en primer lugar deben tener certeza de que no se usen
masivamente medicamentos con posibles reacciones adversas, máxime cuando
no tengan un efecto positivo comprobado.

En segundo lugar, dijo, no se debe gastar cuantiosos fondos públicos en
medicamentos con fines de salud pública sin evidencias firmes de su efecto
positivo. En México, detalló, se han gastado 460.5 millones de pesos del
presupuesto público en Tamiflu y Zanamivir –135.7 en 2005 y 324.8 en
2009—según información conseguida a través del IFAI.

Vacunas cuestionadas

La secretaria de Salud manifestó que la controversia no se restringe a los
medicamentos. Actualmente el Consejo Europeo está abriendo una
investigación sobre la vacuna contra la Influenza A/H1N1 a iniciativa del
eurodiputado y médico Wolfgang Wodarg.

Citó que Wodarg argumenta que desde abril de 2009 era evidente que el
nuevo virus no era más peligroso que otros mutantes e incluso los datos
epidemiológicos apuntaban a su poca contagiosidad y baja letalidad.

“Afirma que las victimas entre los millones de personas inútilmente
vacunadas deben ser protegidas por sus gobiernos. Con esta finalidad deben
presentarse evidencias científicas independientes y transparentes”, señaló
Laurell.

Describió que parte de las sospechas sobre la vacuna recaen en el llamado
“Dr Flu”, el holandés Albert Osterhaus, que es uno de los principales
asesores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en esta materia.

Este personaje, comentó, ha estado presente en todos los episodios de
influenza durante una década según Engdahl (www.engdahl.oilgeopolitics.net
/Swine_Flu/Flu_Pope/flu_pope.html#FluPope). “En 2003 fue activo animador
en los medios de comunicación de la idea del enorme peligro que
representaba la Influenza Aviar—SARS; influenza que finalmente causó 282
muertes y 467 enfermos en el mundo entre 2003 y 2009 según datos de la
OMS”.

Apareció de nuevo con la Influenza A/H1N1, ahora como asesor de la OMS, y
promovió insistentemente la declaratoria de una pandemia y la necesidad
urgente de fabricar una vacuna contra la nueva cepa y eximir a los
laboratorios de las pruebas clínicas normales por la urgencia, detalló.

“La declaratoria de pandemia fue muy discutida particularmente en vista de
que recientemente la OMS había quitado de su definición que para hacerlo
el nuevo virus debería de tener una tasa alta de morbilidad y mortalidad.
La OMS ha desmentido está información”, precisó.

El problema con Osterhaus es que existen indicios muy fuertes de sus ligas
con los grandes corporativos farmacéuticos. Una de las evidencias es que
fue el presidente de la asociación privada “Grupo de Trabajo Europeo sobre
la Influenza”.

Explicó que este grupo está financiado por las mismas empresas que
producen los medicamentos y vacunas contra la Influenza que los gobiernos
están obligados a usar cuando la OMS declara una pandemia.

Indicó que en dinero el periódico francés L´Humanité estima que los
grandes ganadores son las empresas GlaxoSmithKline, Novartis y
Sanofi-Aventis que han tenido ingreso extras durante el cuarto trimestre
de 2009 de mil 850 millones de euros (34.5 mil millones de pesos).

Sostuvo que el gobierno mexicano había gastado un aproximado de mil
millones en vacunas hasta noviembre de 2009 repartidos entre Sanofi y
GlaxoSmithKline. En total los recursos del presupuesto federal gastados en
la Influenza A/H1N1 son 955.8 millones del Fondo de Gastos Catastróficos
más el gasto en vacunas, o sea, cerca de dos mil millones de pesos.

“Es dinero gastado sin una base científica que demuestra su efectividad y
sin la certeza que no tenga efectos dañinos para la población”, indicó.

Concluyó que estas evidencias actualizan además una estricta regulación
del cabildeo privado ante el Congreso y los gobiernos ya que es un
mecanismo para vender acciones públicas dirigidas a la población.

Influenza A/H1NI, una lección no aprendida

Asa Cristina Laurell

Las prioridades de un gobierno no están en su discurso, sino en su
presupuesto y en la manera de repartir las cargas impositivas. Ya se
aprobó una Ley de Ingresos que carga sobre los ciudadanos el incremento de
impuestos y no toca los privilegios de los grandes corporativos.

El proyecto de presupuesto de salud revela las prioridades en este ámbito
y documenta la insistencia en el Seguro Popular, así como la continuación
del desmantelamiento del IMSS. Se observa, además, que las lecciones de la
epidemia de influenza A/H1N1 no fueron asimiladas.

Ésta reveló dos problemas de fondo del sistema de salud mexicano. Por un
lado, resultó evidente que el plan de vigilancia epidemiológico no cumplía
con su objetivo; por otro, no se detectaba y atendía adecuadamente a los
enfermos en el nivel básico, los centros de salud y las clínicas. ¿Cómo se
reflejan en el presupuesto las medidas para revertir estos problemas, que
son los mismos de cualquier epidemia y no sólo de la de influenza?

Los hechos

El primer hecho ominoso es la disminución del presupuesto para 2010 del
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 23 por ciento o 276
millones de pesos, en términos reales. Podría pensarse que este monto
habría sido trasladado a la subsecretaría de Promoción y Prevención, pero
no es así, ya que ésa apenas cuenta con un incremento de 29 millones.

Otra posibilidad sería que se le hubiera otorgado a la empresa paraestatal
Birmex –generadora de reactivos y biológicos –, para fortalecer la
capacidad nacional de producción de vacunas, pero tampoco es el caso. Su
presupuesto tiene una disminución de 144 millones respecto de 2009.

El análisis del segundo problema, es decir, la debilidad de los centros de
salud y clínicas, y su expresión en el presupuesto no conduce a resultados
muy diferentes. Así, el monto total de salud disminuye en 1.35 por ciento
en términos reales. El gran perdedor es el IMSS, que pierde 5.3 por
ciento, seguido por los sistemas estatales de Salud, con una disminución
0.6 por ciento. La Ssa (ramo 12) tiene un incremento de 0.3 por ciento. El
ISSSTE es el gran ganador, con un aumento de 14 por ciento.

La distribución del presupuesto en cada una de estas instituciones revela
que, con excepción del ISSSTE, hay un decremento en el rubro de salarios
entre 3.1 y 12.8 por ciento. Esto significa la congelación de salarios y/o
el despido de personal operativo en instituciones que ya tenían carencias
en este rubro.

En todas las instituciones existe una disminución sustancial en inversión
(infraestructura y equipo médico), aspecto que ha sido insuficiente
durante los cinco lustros recientes. Su mengua global es de 39 por ciento.
Esto significa que la supuesta palanca del crecimiento –construcción y
empleo – es claramente recesiva en este sector. Los recursos para
medicamentos, insumos médicos y mantenimiento de equipo e instalaciones
también decrecieron globalmente en 6.3 por ciento, a pesar de que en el
ISSTE hay un aumento de 19 por ciento. El recorte en estos rubros
significa que los elementos necesarios para mejorar los servicios y
ampliar la capacidad de atención oportuna sufren un recorte importante.


Las únicas partidas que crecen son las clasificadas como “otros gastos
corrientes” (173 por ciento o 14 mil 683 millones de pesos) y “subsidios”
(2.7 por ciento o mil 288 millones de pesos). La mayor parte de este
incremento presupuestal se destina a la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud (CNPSS), con 9 mil 834.70 millones de pesos en el primer
rubro y mil 267.6 en “subsidios”.

Con este monto no se amplían los servicios ni la capacidad para operar la
vigilancia epidemiológica. Una pieza clave en este aspecto es la detección
en campo de nuevos casos y la realización de cercos epidemiológicos, a
cargo del personal de los centros de salud. El incremento al rubro
“subsidios” se canalizará a los estados para atención de sus nuevos
afiliados al Seguro Popular pero, por ley, no es aprovechable para
vigilancia epidemiológica ni para atender a los no afiliados.

Los “otros gastos corrientes” de la CNPSS están conformados por una bolsa
poco transparente usada por el gobierno federal con alto grado de
discrecionalidad.

El sistema público de salud requiere soluciones planificadas,
transparentes y evaluables para garantizar la seguridad sanitaria y la
atención oportuna de los mexicanos. Esta lección de la epidemia no se
refleja en el presupuesto. Como se presentó, contribuye al prolongado
deterioro de nuestras instituciones públicas. El discurso oficial sobre el
avance hacia la cobertura universal es sólo eso, no hechos.

Seguro Popular sin perspectiva la cobertura “universal” para 2010, expresa Asa Cristina Laurell

* Es un chantaje para aprobar el incremento de 2% al IVA, indica

* Habrá desafiliación de familias y estados, comenta la secretaria de Salud

* Propone que es necesaria la revisión a fondo del Seguro

Las declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Protección Social
en Salud (CNPSS), Salomón Chertorivski, confirman el fracaso del Seguro
Popular como el “tercer pilar de la seguridad social mexicana”, expresó la
secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell.

Indicó que toda la propaganda gubernamental sostiene que el mencionado
programa es el mecanismo para hacer universal el derecho a la salud en
México y sin embargo “hemos insistido desde 2004 que esto es una mentira
por varias razones y las declaraciones recientes la ponen a descubierto”.

“El flamante Comisionado sostiene que no hay los recursos suficientes para
ampliar la cobertura a menos de que el Congreso apruebe el incremento de 2
por ciento al IVA disfrazado de impuesto para el combate a la pobreza”,
expuso.

Antes de amenazar con hacer recortes al programa, manifestó que el
comisionado tiene que explicar el sistemático subejercicio de los recursos
que tiene asignados, porque de 2007 y 2008 este subejercicio fue de entre
4 y 5 mil millones de pesos.

Puntualizó que “en 2009 –con todo y la emergencia de influenza humana— el
Seguro Popular sólo había transferido 13 mil millones de pesos –el 36% de
los recursos destinados a las entidades federativas—al cierre de julio
según el informe de SCHP. En cambio el gasto burocrático de la CNPSS se
había ejercido al 50%”.

Por otra parte, prosiguió, Salomón Chertorivski anunció que se ha detenido
la inscripción al programa de salud y sólo pueden ser incorporados los
niños menores de cinco años y las mujeres embarazadas.

Además, puntualizó, calcula que un 10 por ciento de las familias afiliadas
no renueve su seguro y comunicó que varias entidades federativas han
declarado su insolvencia para pagar la prima por familia que les
corresponden.

Recordó que anteriormente estas dificultades se habían encubierto
clasificando prácticamente todas las familias en el grupo de cero
aportación (96.7 por ciento) –sólo deberían estar el 20 por ciento más
pobre-- y contando como aportación estatal una serie de gastos en salud
antes no contabilizada.

“Llegó la hora de la verdad y con ella la desafiliación de familias y
parcialmente algunos estados”, indicó.

Adicionalmente, explicó, el titular de la (CNPSS) con espíritu económico
eficientista, anunció que se pretende modificar la Ley General de Salud
para transferir recursos en función del número de personas afiliadas y no
el número de familias. Esto significa que cada gobierno estatal contaría
con menos recursos para atender a los afiliados al SP a pesar de que en el
esquema actual han sido insuficientes tal como lo demostró el estudio
actuarial de la Auditoría Superior de la Federación en 2005.

“Con estos “ahorros”, subrayó, Chertorivski calcula que se podría afiliar
otros 5 millones de familias en 2010 para llegar a la cobertura universal
en 2011. “Ni una palabra sobre la falta de infraestructura, ni una palabra
sobre la falta de personal, medicamentos e insumos. Presumir la cobertura
universal en estas condiciones es de un cinismo imperdonable”, resaltó.

Propone que antes de aprobar el IVA disfrazada, autorizar nuevos recursos
al Seguro Popular y aprobar un cambio en la Ley General de Salud, el
Congreso tiene la obligación de revisar a fondo este programa.

“No se trata de disminuir los recursos para salud, al contrario, es
necesario incrementarlos y hacerlos llegar donde se necesitan, a los
centros de salud y los hospitales donde se requieren para promover la
salud y atender a la población” finalizó.