Del debate a la consulta

A la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores:
A los gobiernos de los estados y del Distrito Federal:
A la opinión pública:

En las semanas recientes ha quedado clara la trascendencia de la discusión pública sobre el destino de la industria petrolera.

Luego de oír a los expertos en cuestiones energéticas, a los juristas y a los legisladores, y antes de cualquier dictamen de ley en el Congreso, hace falta conocer la postura de los ciudadanos ya mucho más informados. A esta ponencia colectiva sólo se puede acceder mediante la consulta pública.

Como se ha propuesto a lo largo del debate sobre la reforma energética, la consulta pública es posible legalmente al permitirlo el artículo 26 de la Constitución de la República, como expuso con profundidad el reconocido jurista don Juventino Castro y Castro en el Senado: “La norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.

Por la importancia central de este asunto les solicitamos a ustedes el examen serio y pronto de la posibilidad de una consulta nacional antes de cualquier decisión sobre la reforma energética.

De la misma manera, nos dirigimos a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, donde ya está reconocido este derecho en las leyes locales como ejercicio de la democracia participativa. No sólo es posible, sino necesario organizar la consulta en sus entidades en caso de que el Senado rechace la propuesta.
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