miércoles, 28 de mayo de 2008

Plantón y huelga de hambre contra la empresa del GES

Ex trabajadoras de la Tintorería Max, antes Servicio Tintorero de Campeche, propiedad de la familia Mouriño Terrazo, iniciarán un plantón y huelga de hambre, ante la negativa de la empresa a pagar 677 mil pesos que les corresponden por despidos injustificados hace cuatro años.

Silvia Priego Navarro, Verónica Rangel Ayala y Ana Talía Hernández Alemán, acudieron acompañadas del actuario para proceder al embargo de los bienes de la empresa, pero el abogado que la representa argumentó que mientras el Tribunal Colegiado no resuelva que la Tintorería Max, es propietaria sustituta de Servicio Tintorero de Campeche, no pagarán el adeudo.
Poco después del mediodía, las tres mujeres llegaron acompañadas del actuario y de manera informal, es decir, en la vía pública, fueron atendidas por el representante de la empresa, Luis Alberto Cervera Hernández.
Las mujeres explicaron que hace cuatro años fueron despedidas injustificadamente y la empresa se negó a pagarles su finiquito, por lo que acudieron a las instancias correspondientes para que les respondan conforme a la ley. Sin embargo, a fin de no pagar a los trabajadores despedidos en forma injustificada, Servicio Tintorero de Campeche primero vació sus cuentas, luego cambió su razón social y ahora asegura que el Tribunal no ha confirmado si la Tintorería Max, es el dueño sustituto de la anterior empresa.
“Nos vamos a ir a lo más drástico, que puede ser un plantón o huelga de hambre de manera indefinida, son cuatro años sin respuesta porque se cubren bajo las faldas del flamante secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo”, dijo una de las afectadas.
“La gente se dará cuenta de que con estas acciones, los panistas se exhiben como explotadores de sus trabajadores, pues la diputada Nelly Márquez Zapata enfrenta una situación similar”.
Ayer, el actuario hizo la diligencia que procedía para el embargo de cuatro bienes propiedad del Corporativo GES, sin embargo, el representante de la empresa aseguró que interpuso un recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada por el Juzgado del Primer Distrito, y el Tribunal Colegiado de Mérida no ha emitido un resolutivo, por tanto, aún no se determina si la empresa con el nuevo nombre es propietaria sustituta, dijo sonriente.
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