Ricardo Andrade Jardí
Los mexicanos de hoy seremos testigos del extraordinario ejercicio de participación ciudadana que por primera vez y pese a la oposición oligárquica de reconocer la voluntad popular, impulsará nuevas subjetividades de cambio que abrirán el camino hacia nuevas y auténticas formas de democracia participativa, prácticamente inexistentes en el México de la dictacracia.
Este primer paso será sin duda y una vez capoteada la campaña mediática para descalificar la participación ciudadana, como si el pueblo fuera un imbécil incapaz de decidir por su destino y por los bienes de la nación que radican en la soberanía del pueblo y no en los bolsillos de los empresarios nacionales y extranjeros que pretenden agenciárselos. La consulta popular, que tendrá lugar el día 27 de julio en el D.F. y once estados más y en el Sureste del país el 10 de agosto, es el primer paso real del movimiento ciudadano hacia la refundación de una nueva república, de construcción de un régimen que sea capaz, desde la base, de desterrar todo lo que la dictacracia nos impone. Hoy se trata de consultar la pretendida “reforma energética” elaborada, presumiblemente, en y por la Casa Blanca y presentada por el usurpador Sabritas que se ostenta como administrador de los poderes fácticos.
Será el primer paso para que los mexicanos entendamos, de una buena vez, todos los recursos que aún nos quedan para cambiar el destino de nuestra patria condenada al extermino por las políticas rapaces y ambiciosas de los peleles del neoliberalismo.
La consulta popular abre las puertas para que los mexicanos consultemos todo aquello que nos parece factible de ser modificado y por tanto del legítimo derecho a exigir que sea cambiado, siempre que la felicidad de nuestro pueblo así lo requiera, abre las puertas para terminar con la dictacracia chantajista de los eternos concesionarios de los bienes públicos, que hoy actúan como si éstos fueran suyos; para terminar con los excesivos salarios de la inútil administración pública y exigir la retabulación de los salarios mínimos en igualdad de condiciones para todas las zonas geográficas, para abrir el FOBAPROA y meter a la cárcel a todos los usureros y vulgares ladrones que se han enriquecido a las costillas de la socialización de las pérdidas y la privacidad de las ganancias.
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