La hora de la verdad

John M. Ackerman

Cada día que pasa sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) permita el acceso ciudadano a las boletas electorales representa una violación a la ley y una burla a la ciudadanía. Es falso que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliguen al instituto a destruir la documentación electoral. Tampoco hace falta que los consejeros esperen la resolución definitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La ley obliga a la autoridad a otorgar acceso desde ahora. La negativa a hacerlo demuestra que el “nuevo” IFE se encuentra más preocupado por quedar bien con el gobierno de Calderón que por reconstruir la confianza de la ciudadanía en el árbitro de las elecciones.

Es cierto que el año pasado el TEPJF ratificó la negativa que el IFE había dado a la revista Proceso. Sin embargo, esta sentencia no sentó jurisprudencia, ya que se requieren tres resoluciones en el mismo sentido para tal desenlace. No existe ningún mandato judicial que exija que el Consejo General rechace futuras solicitudes y mucho menos algo que lo obligue a prender fuego a esos importantes documentos públicos.

También vale la pena recordar que actualmente nos encontramos en una nueva coyuntura jurídica. Hoy los mexicanos tenemos consagrado en el artículo 6º de la Constitución el “principio de máxima publicidad” que se aplica a todas las solicitudes de acceso a la información.

Asimismo, la nueva redacción del artículo 99 constitucional otorga explícitamente al tribunal electoral la facultad de “inaplicar” disposiciones legales que sean contrarias a la Carta Magna. Si tuvieran la voluntad de utilizarlas, estas nuevas herramientas permitirían a las autoridades electorales abrir los paquetes electorales, así como declarar anticonstitucional su destrucción prematura.

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