El doble discurso del cardenal Sandoval

Laura Campos Jiménez

El pasado 12 de octubre –durante su homilía en la basílica de Zapopan– el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara, se autoerigió como albacea de la moral pública en Jalisco, al denostar públicamente a todos aquellos que están "en contra de la vida" (sin excluir a los legisladores). Recordó a los asistentes que las leyes de la Iglesia Católica penalizan desde 1983 con la excomunión a quienes abortan (La Jornada Jalisco, 13 de octubre de 2008). Hace tres años –advirtió– en Roma se dijo que "no se acerquen a comulgar aquellos que no defiendan la vida". Habló de los derechos humanos, desde su óptica, y amenazó que "…los asesinos tampoco van a ir al banquete eterno. La cultura de la muerte no es de Dios, es de los enemigos de Dios, del padre de las tinieblas".

La lectura de este discurso, me motivó a hacer un análisis sobre la postura y las intenciones del purpurado en relación a la "defensa de los derechos humanos y la vida", eje central de su homilía. Respecto a la primera "defensa", habría que recordar que el cardenal Sandoval, en reiteradas ocasiones, ha descalificado a las comisiones de derechos humanos tratándolas como "defensoras de delincuentes".

Como elemento de prueba, recuerdo que el 5 de mayo de 1995 se suscitó un motín de presos en el penal de Puente Grande; la represión policial sofocó la revuelta y dio como resultado la muerte de siete reclusos y una decena de heridos. Ante este fatal suceso, el cardenal Sandoval no sólo justificó la brutal represión, sino que la elogió al señalar que "un penal no es un restaurante, ni un hotel de lujo. Los infractores no están para ser tratados a cuerpo de rey" (Siglo 21, 6 de mayo de 1995). En este contexto, los delincuentes –de acuerdo a la óptica de Sandoval– no merecen ser defendidos, aunque un detenido, por el hecho de serlo, no deja de ser persona.

En una declaración posterior, el arzobispo tapatío fue más preciso: "La Iglesia Católica no se opone a que se establezca la pena de muerte" (Enciclopedia Todo México, año 1999, p. 276). Esta postura, cotejable, es acorde al Catecismo de la Iglesia Católica (CIC): "La enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar las penas proporcionadas a la gravedad del delito […] Sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso de la pena de muerte" (CIC, edición 1992, parágrafos 2266 y 2267).
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