Ayer, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el fallo emitido por la Comisión Nacional de Garantías (CNG) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el sentido de anular las elecciones internas que ese instituto político realizó el pasado 16 de marzo. De tal forma, el órgano encargado de impartir justicia electoral convalidó unos comicios marcados por el desaseo y en los que se presentaron, a decir del magistrado presidente, Flavio Galván, “diversas causales de nulidad”, para nombrar como ganador al candidato de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, y solicitar a la CNG que entregue, a más tardar en 48 horas, la constancia que lo acredite como presidente nacional del PRD.
La resolución adoptada ayer remite de manera inevitable al fallo que el propio TEPJF emitió tras las elecciones presidenciales de julio de 2006, cuando los magistrados de la Sala Superior se negaron a efectuar un recuento total de los votos –que resultaba deseable, sensato y necesario– y decidieron dotar de validez jurídica al referido proceso electoral, a pesar de reconocer que estuvo plagado de “irregularidades graves” y que hubo violaciones flagrantes a las leyes electorales en perjuicio de uno de los candidatos por parte de representantes del poder político y empresarial. Entonces, como ahora, el TEPJF claudicó de su responsabilidad de dotar de certeza a los procesos electorales, dio la impresión de tomar partido en vez de impartir justicia y, lejos de brindar una salida a un conflicto poselectoral, lo profundizó y perpetuó.
Con semejante decisión, el tribunal electoral contribuye a la consolidación de un sistema electoral en el que las mapacherías, las trampas y las prácticas antidemocráticas resultan aceptables y ungidas de legitimidad a posteriori. No resulta sorprendente, por ello, que ante el descomunal desprestigio del TEPJF y del Instituto Federal Electoral, un creciente sector de la ciudadanía haya dejado de ver en la vía democrática y electoral un instrumento de incidencia real en las decisiones del poder público y un cauce viable para superar los enormes rezagos sociales que padece el país.
Por lo demás, la carta de naturalización que las instituciones referidas han otorgado a la marrullería electoral obligan a preguntarse de qué forma y con qué mecanismos podrían corregirse los otros vicios y corruptelas que campean en el ámbito de la administración pública.
Por lo que hace al PRD, el fallo comentado, que anula decisiones tomadas en sus instancias internas, le implicará un costo altísimo en materia de credibilidad y autoridad moral. Si para cualquier organización partidista resulta bochornoso que su dirigencia sea nombrada por una instancia del poder público, para un instituto político que se pretende opositor y el principal de izquierda en el país, tal circunstancia es necesariamente devastadora, particularmente en el contexto actual, caracterizado por la sospecha, el deterioro institucional y la pérdida de autoridad moral por parte de instituciones y partidos en general. Si la presidencia partidista emanada del fallo del TEPJF logra consolidarse en el aparato del partido, le resultará, en lo sucesivo, muy difícil recuperar el prestigio y el liderazgo ante los electores, simpatizantes y militantes, muchos de los cuales verán, en la resolución comentada, un pago por la obsecuencia ante el gobierno calderonista con que se ha conducido la corriente que encabeza el propio Jesús Ortega.
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