La orden

Luis Javier Garrido

El hallazgo de ocho militares decapitados en las inmediaciones de Chilpancingo (Guerrero) el domingo 21 ha sido el detonador de una nueva crisis en las fuerzas armadas mexicanas y en el gobierno de facto de Felipe Calderón, que parece hundido en la más absoluta incapacidad ante la situación de violencia que él mismo ha generado y ahora ante las amenazas de Washington.

1. La primera constatación que tiene que hacerse al analizar el escenario de violencia institucional con el que culmina 2008 en México es que éste ha sido generado por el gobierno de facto calderonista y que la responsabilidad por lo que acontece debe ser asumida plenamente por quien es el principal culpable: Felipe Calderón.

2. Los hechos son irrefutables. La estrategia de lucha contra el narco del gobierno panista en acatamiento a la Iniciativa Mérida impuesta por la Casa Blanca ha fracasado por completo y en el plano institucional sólo ha conducido a debilitar al Ejército al utilizarlo como fuerza policiaca en contra de los dispuesto por la Constitución: obligándolo a someterse a la DEA y a otras agencias estadunidenses, mermándolo con decenas de miles de deserciones, penetrándolo cada vez más por el narcotráfico, haciéndolo cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, y ahora exhibiéndolo en su fracaso en una tarea para la cual no está preparado.

3. Los discursos de Felipe Calderón en La Ciudadela y del general Enrique Alonso en las exequias de las víctimas el lunes 22 hablando con amenazas son, por lo mismo, inadmisibles y sólo evidencian el desastre institucional de la administración panista. ¿Venganza contra quién? ¿Contra las decenas de miles de campesinos empobrecidos por las políticas de los gobernantes y que se dedican a esas actividades ilícitas como única salida?
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