PLAZA PUBLICA

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San Luis Potosí
Miguel Ángel Granados Chapa
23 Ene. 09

Los dos partidos con posibilidades reales de triunfo en esa entidad tienen ya sus candidatos: Alejandro Zapata Perogordo por Acción Nacional y Fernando Toranzo Fernández por el PRI, a quien sólo en mes y medio se le inventó su aspiración

De los seis estados en que se elegirá gobernador en julio, San Luis Potosí ha sido el primero en que se definieron las candidaturas que disputarán la sucesión del gobernador Marcelo de los Santos. No sin conflictos, que pueden reverdecer a la hora de la elección constitucional, representará al PAN el senador con licencia Alejandro Zapata Perogordo y al PRI el doctor Fernando Toranzo Fernández, secretario de Salud del gobierno panista.

Si consideramos los resultados de 2003, en que Acción Nacional se hizo de la gubernatura por primera vez, con mucha holgura, es previsible una elección en que se reproduzca un desenlace semejante, aunque no puede excluirse por completo que el Revolucionario Institucional pudiera recuperar el gobierno. El PAN ganó entonces con 275 mil 942 votos, el 44.09 por ciento del total, mientras que el PRI alcanzó 222 mil 292, el 35.52 por ciento, una diferencia de casi 10 puntos. En 2006, la elección intermedia concluyó con cifras aun más favorables al panismo: con un total de 390 mil 570 votos, logró 15 de las 27 curules de la legislatura local, mientras que al PRI sus 215 mil 815 votos apenas le procuraron cinco asientos en la misma.

Acción Nacional emprendió primero su proceso interno, ganado el 7 de noviembre del año pasado por Zapata Perogordo que con más de 19 mil votos (casi 57 por ciento del total) se impuso al también senador Eugenio Govea, que sobrepasó los 14 mil sufragios, 42 por ciento del total. El aspirante perdidoso reconoció el resultado y reasumió la senaduría en la que había solicitado licencia. Pero a poco se revolvió, sin consecuencias legales porque no impugnó el resultado, contra el comité nacional de su partido, a cuyo presidente Germán Martínez acusó de favorecer a la mala a Zapata Perogordo.

Éste buscó la candidatura por segunda vez. Hace seis años la perdió frente a De los Santos, y desde entonces se abrió una zanja entre ellos, cuya hondura puede generar consecuencias en julio próximo. El ahora aspirante panista era, entonces y ahora, el candidato natural, si se considera su trayectoria: ha sido alcalde de la capital, diputado local y federal y se ha desempeñado con prestancia en el comité nacional, a cuya presidencia aspiró en una oportunidad. Fue también cabeza de la diputación federal panista.

En el PRI se resolvió también la candidatura mediante un proceso abierto que dio lugar a un proceso insólito, en que el gobernador panista parece haber sido eficaz en sacar avante a su secretario de Salud, a quien hasta el comienzo de diciembre pasado nadie incluía en las apuestas por la postulación tricolor. La jornada electoral se realizó el domingo pasado y al día siguiente, 19 de enero, la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI se apresuró a emitir un comunicado con varias contradicciones que se evidencian al sólo leerlo y conocer la secuela:

Dice que dicha comisión, "al contabilizar el 100 por ciento de las actas firmadas por representantes de aspirantes a dicho cargo de elección popular, concluyó que los resultados fueron los siguientes: 65 mil 50 votos a favor de Fernando Toranzo Fernández; 51 mil 754 para Jesús Ramírez Stabros; 11 mil 711 para Carlos Jiménez Macías, y 3 mil 849 para Juan Carlos Machinena Morales.

"El próximo miércoles sesionará la Comisión y será cuando se integren al resultado final los votos registrados en Villa de Zaragoza, con lo cual habrá concluido la etapa de cómputo en el proceso de selección interna y se entregue la constancia de mayoría al candidato ganador...".

La Comisión no esperó al miércoles sino que el martes 20 expidió esa constancia a Toranzo Fernández, ante la sola presencia de Machinena Morales, pues Ramírez Stabros y Jiménez Macías se mostraron reticentes ante el resultado, y no se excluye que lo impugnen ante la autoridad electoral.

Aunque ha sido secretario de Salud en dos sexenios (el del priista Fernando Silva Nieto y el del panista De los Santos) el candidato del PRI tiene una breve carrera política, apenas marcada por su paso por la legislatura local como diputado por el distrito con cabecera en Ciudad Valles. Todavía en noviembre declaraba que no tenía ya no digamos posibilidades sino ni siquiera interés en participar en el proceso interno. Pero en diciembre, mucho después que los contendientes a los que derrotó, le surgieron ganas de competir "porque las condiciones habían cambiado" según declaró para justificar la mudanza de su parecer. Tal vez se refería a que su jefe el gobernador, inconforme con el resultado de la elección panista, se propuso frenarla auspiciando la postulación priista de uno de los suyos.

Los agraviados con el resultado del domingo pasado fueron no sólo Ramírez Stabros y Jiménez Macías sino el entorno que apoyó cada una de esas aspiraciones. Aquél, dirigente de los pilotos aviadores, político moderno si los hay, contaba con el apoyo de Emilio Gamboa, de quien se halla muy próximo en la Cámara de Diputados, de que es miembro. Con ese patrocinio y su propia presencia obtuvo el apoyo de todos los alcaldes priistas, que a la hora decisoria quizá prefirieron adherirse al propósito del gobernador. Jiménez Macías contó con el apoyo de Ulises Ruiz en cuya proximidad trabaja desde el Senado de la República, como último remanente del madracismo que quedó bocabajeado desde el 2006.

Está por verse, pues, si el candidato priista del gobernador panista evita el triunfo del candidato del PAN malquerido por su correligionario el Ejecutivo local.


Cajón de Sastre


La tramposa ocurrencia electoralista del Partido Verde tendrá, a pesar de todo, un fruto conveniente. A partir de su propuesta de restablecer en la Constitución la posibilidad de que se legisle sobre la pena de muerte se realizará una consulta nacional. De ese modo se sustraerá el asunto del pantanoso terreno de los peores impulsos sociales para ser colocado en el terreno de la racionalidad informada, que es el propio del derecho penal de la Ilustración, el que abandonó las primitivas nociones de la punición estatal como venganza. Quedará claro en esa consulta que las penas en general, la de muerte o la prisión perpetua, no son antídoto contra la violencia homicida o la que practican los secuestradores, ni disuaden a los futuros delincuentes de obrar con la crueldad con que actúan.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com


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