Derechos humanos: situación de alarma

Editorial

La injustificada detención de Raúl Lucas Lucía y Miguel Ponce Rosas –activistas de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco y cuyo paradero es hasta ahora desconocido–, realizada el pasado viernes en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por presuntos policías de esa entidad, es un botón de muestra de la desastrosa situación que enfrenta el país en materia de respeto a las garantías individuales y vigencia de la legalidad, de la cual da cuenta el reciente informe realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otras cosas, el documento exhorta al gobierno federal a erradicar las inveteradas prácticas de tortura y abusos cometidos por elementos del Ejército y de las corporaciones policiales; a combatir la impunidad que gozan las autoridades involucradas en los atropellos en contra de la sociedad; a armonizar la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; a ajustar el código militar a las obligaciones internacionales del país; a reformar el sistema de justicia y seguridad pública, y a poner fin al sistema de arraigo, práctica que rompe con el principio constitucional de presunción de inocencia.
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