No pueden ser acciones responsables las que combaten delitos o dicen hacerlo, mediante procedimientos claramente violatorios de principios elementales de derecho y preceptos constitucionales expresos. Me refiero a las detenciones plurales y simultáneas de servidores públicos en ejercicio, verdaderas razias o redadas, a partir de sospechas, pruebas más bien vagas y supuestos testigos protegidos o denuncias anónimas.
Del llamado michoacanazo se ha dicho, con razón, que es un caso en el que la Federación atropelló la soberanía del estado, puesto que sin solicitud del gobernador y sin siquiera informarle, fuerzas del gobierno central, compuestas por elementos del Ejército, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, fuertemente armadas y con los rostros de muchos de sus elementos cubiertos, incursionaron como si estuviéramos en guerra en diversas oficinas públicas, incluido el Palacio de Gobierno del estado.
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