La idea de convertir las prisiones en negocios particulares no la inventaron Felipe Calderón Hinojosa ni Genaro García Luna: se puso en práctica hace más de un siglo, en Estados Unidos, con resultados tan negativos que llevaron a su abolición.
En los años 80 del siglo pasado, la oleada de privatizaciones impulsada por la "revolución conservadora" de Ronald Reagan y Margaret Thatcher llevó a poner en manos privadas, en esquemas de abatimiento de costos y de alta rentabilidad, muchas prisiones.
El sentido común indicaría que el carácter público de la cárcel –una de las instituciones más antiguas del Estado– tendría que ser tan irrenunciable como las atribuciones estatales de castigar a quienes violan las leyes, proteger a la sociedad de individuos peligrosos o rehabilitar y procurar la readaptación y la reinserción social del delincuente.
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