Acuatro días del incendio ocurrido en la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– en Hermosillo, Sonora, que hasta el momento ha cobrado la vida de 44 niños, las autoridades se muestran incapaces de atender satisfactoriamente las demandas de esclarecimiento de las familias de los muertos y de la sociedad en su conjunto y exhiben, en cambio, una actitud errática e inaceptable.
El sábado, el director general del IMSS, Daniel Karam, afirmó que "la última evaluación que se hizo a esta guardería fue el pasado 26 de mayo" y que durante ésta se verificó que el inmueble "aparentemente" contaba "con todos los requisitos y precondiciones en materia de seguridad". Ayer, sin embargo, luego de que la Procuraduría General de Justicia estatal confirmara que las salidas de emergencia del inmueble estaban mal ubicadas y que una de ellas era falsa, el funcionario federal señaló al Departamento de Bomberos de esa ciudad como la “autoridad responsable de emitir (…) el visto bueno” para la operación de la guardería, al tiempo que dijo que los supervisores del organismo a su cargo se limitan a recibir la documentación que les presentan las autoridades municipales.
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