Ya han transcurrido quince días desde la terrible desgracia suscitada en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que distinguidos periodistas ya han tipificado como un crimen de lesa humanidad, es decir, universal.
Ante la ausencia total de voluntad política y celeridad en las investigaciones por parte de las procuradurías federal y estatal, contraria a sus actuaciones cuando de reprimir a luchadores sociales y a personas de escasos recursos económicos se trata, el clamor por la justicia de las familias afectadas y de ciudadanos de todo el mundo cada vez es más grande y más fuerte.
Llama la atención la presencia en Hermosillo de autoridades federales y connotados personajes, desde Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, seguidos por Daniel Karam, director general del IMSS, el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, y hasta políticos de dudosa reputación y gestión, sin resultados satisfactorios.
Aunque se empeñen en negarlo y traten de encubrir la realidad y a funcionarios, son más que evidentes el tráfico de influencias y las relaciones de los tres niveles de gobierno con empresarios privados, lo que cuestiona la validez del modelo de subrogación de guarderías que coloca el interés privado y la obtención de ganancias fáciles por encima de la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad de nuestros niños y niñas
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Ante la ausencia total de voluntad política y celeridad en las investigaciones por parte de las procuradurías federal y estatal, contraria a sus actuaciones cuando de reprimir a luchadores sociales y a personas de escasos recursos económicos se trata, el clamor por la justicia de las familias afectadas y de ciudadanos de todo el mundo cada vez es más grande y más fuerte.
Llama la atención la presencia en Hermosillo de autoridades federales y connotados personajes, desde Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, seguidos por Daniel Karam, director general del IMSS, el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, y hasta políticos de dudosa reputación y gestión, sin resultados satisfactorios.
Aunque se empeñen en negarlo y traten de encubrir la realidad y a funcionarios, son más que evidentes el tráfico de influencias y las relaciones de los tres niveles de gobierno con empresarios privados, lo que cuestiona la validez del modelo de subrogación de guarderías que coloca el interés privado y la obtención de ganancias fáciles por encima de la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad de nuestros niños y niñas
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