Encubrimiento del pasado represivo

El pasado 7 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició un juicio contra el gobierno mexicano por la negativa de éste a procurar justicia en el caso de Rosendo Radilla, dirigente campesino detenido y desaparecido por militares en 1974. Ese proceso se sumó a los que están en curso por las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y por los delitos sexuales perpetrados en 2002 por integrantes del Ejército contra la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega. En una respuesta inicial, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, alegó que la CIDH carece de facultades para intervenir respecto de la desaparición de Radilla pues, dijo, el crimen ocurrió antes de que México aceptara –en 1981– la jurisdicción de ese organismo internacional.

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