Aportaciones del Correo

La causa electricista confusión y mala leche

Juvenal González González

31/10/09

Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.

Simón Bolivar

La caprichosa, arbitraria e ilegal liquidación de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro (LFC) ha sido arropada por la cargada mediática que, tal como acostumbra, entre medias verdades y mentiras completas se empeña en convencer a la opinión pública de que las medidas presidenciales son valientes y necesarias.

Ese trabajo sucio corre al parejo con la historia misma de la prensa y los medios. En nuestro país existen incontables experiencias que avergüenzan y degradan la que debiera ser noble misión de informar.

Otra cosa, muy diferente, es la diferencia de opiniones. Frente al caso electricista se pueden observar con toda claridad ambas realidades. Por un lado los medios y locutores interesados en desvirtuar y falsear los hechos y, por otra, quienes expresan opiniones diferentes y antagónicas respecto a los mismos hechos.

La primera confunde y genera encono, la segunda alienta la necesaria discusión sobre la intencionalidad, consecuencias y opciones frente a una decisión que ha dejado en el desamparo a más de 40 mil familias, en plena crisis económica y bajo los peores niveles de desempleo conocidos en México.

El artículo de Denise Dresser ¿Defender lo indefendible? (Proceso 26/10/09) es un compendio de confusiones que, se entiende, no son de mala leche. Está dedicado a fustigar a “la izquierda” pero ese es un tema que debe discutirse aparte y lo primero que habría que definir es el significado actual de “la izquierda”.

Pero las afirmaciones contenidas en el mismo, expresan una visión parcial y sesgada del asunto. En primer lugar, las expresiones de solidaridad y apoyo, incluida la mía, no son para Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sino para los trabajadores electricistas y sus derechos al trabajo y la sindicalización. Lo que liquidó Calderón fue una empresa pública bajo su responsabilidad, no una dirigencia sindical corrupta (suponiendo que efectivamente lo es, como casi todas las existentes en este país). Salinas no liquidó a Pemex, encarceló a la Quina y sustituyó la dirigencia sindical, asumiendo los costos políticos e históricos de su decisión.

Que se sepa nadie a acusado legalmente a Martin Esparza de nada y la disputa por la dirigencia sindical está en litigio en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Los juicios y las condenas se han dictado en los medios y esos, hasta la fecha, carecen de toda validez jurídica.

Los trabajadores de base de LFC, que son la gran mayoría, no tenían ningún “privilegio”. Sus salarios y prestaciones siempre fueron convenidos con la dirección de la empresa, previa autorización del presidente de la república y los titulares de Hacienda y Energía. Así atestiguan los contratos colectivos de trabajo suscritos a lo largo del tiempo entre el sindicato y el gobierno.

La operación y administración de LFC es responsabilidad absoluta del gobierno, como lo es de todas las dependencias y empresas del sector público, ese es su trabajo y para eso se les paga. En el colmo del cinismo han dicho que el sindicato se había apoderado de la compañía, pero ningún director de la empresa, ningún secretario de Energía o de Hacienda, ni el propio presidente de la republica renunciaron por su incapacidad para controlar a sus subordinados, ni procedieron legalmente en contra de ellos.

Peor aún, Calderón se gasta el dinero que dice que no tiene “denunciando” en miles de spots los “abusos” de los trabajadores. Esa es una declaración pública de su incapacidad para gobernar, suficiente para que en un país serio ya hubiera sido depuesto.

Dicen con insistencia que LFC era inviable, lo mismo dijeron de Teléfonos de México las mismas voces y usando los mismos argumentos. Cuando Carlos Slim aprovechó la oferta y la compró, lo primero que hizo fue pactar nuevas relaciones laborales y contractuales con el sindicato para poder modernizar la empresa, los resultados son mundialmente conocidos. ¿Qué impide que una empresa pública pueda ser moderna y rentable? Precisamente las causas esgrimidas para liquidar LFC: ineficiencia y corrupción. Pero no de los trabajadores, sino del gobierno y los altos funcionarios que cobran, ellos sí, sueldos y prestaciones de privilegio sin rendir cuentas públicas de su gestión.

Si hay trabajadores y líderes corruptos y desleales con su empresa e ineficientes para desempeñar sus funciones, es responsabilidad de quienes están encargados de la empresa aplicar las medidas legales correspondientes. No hacerlo los convierte, por lo menos, en cómplices. ¿Alguien sabe quién diablos era el director de LFC que Calderón nombró y a quien le pagaba más de 200 mil pesos al mes? ¿Alguien les está exigiendo cuentas?

La perversión del sindicalismo y la corrupción de sus líderes han sido alentadas y toleradas desde la dirección de las empresas y los gobiernos del país, para violentar los legítimos derechos de los trabajadores, principalmente el derecho a un salario digno y una jubilación justa.

Si la Comisión Federal de Electricidad va a sustituir a LFC, tiene la obligación, como patrón sustituto, de reconocer el contrato colectivo del SME y colocar a todos los trabajadores que así lo deseen, en sus respectivos puestos, ya que la materia de trabajo sigue existiendo. Al menos eso dice la ley desde que en éste país se hizo una Revolución por y para los trabajadores, la cual, por cierto, estará cumpliendo 99 años dentro de 20 días.

Cheiser: Las bravuconadas de Calderón siguen hundiendo a México. Mandó a su peón César Nava a reventar los acuerdos con el PRI, furioso porque no le aprobaron su IVA disfrazado. Resultado, la ley de ingresos y el presupuesto 2010 van a servir para todo, menos para poner al país de pié.