Acciones colectivas, ya casi

En unas cuantas semanas la Iniciativa de Acciones Colectivas impulsada por una amplia coalición de asociaciones civiles, magistrados, académicos, figuras públicas y especialistas en la materia desde el año 2006 (a la que le hemos dedicado varias entregas en EL UNIVERSAL), librará el último escollo legislativo después del voto unánime de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara alta, el 10 de diciembre pasado.

Nuestro pasado es prólogo. El plazo que dio inicio hace más de tres años, está por cumplirse a nuestro favor. Estas dos frases resumen la certeza de que por fin —y pronto— se van a abrir puertas de acceso a la justicia largamente clausuradas. Termina un ciclo histórico: vivimos un breve compás de espera, con el inicio de este nuevo año que acarrea múltiples significados y que nos invita a reflexionar sobre el futuro deseable. Se atisba, entre nubarrones, una rendija de oportunidad. No debemos desaprovecharla.

Pronto, diputados y senadores federales reiniciarán sus periodos de sesiones con una gran cantidad de asignaturas pendientes. La reforma del Estado propuesta por el Presidente de la República no es la menos relevante, pero pocos asuntos serán tan cruciales como la culminación de un proyecto concebido para fortalecer a la sociedad civil ante autoridades de gobierno o proveedores públicos y privados. Una idea a la que le ha llegado su hora, aunque con algunas décadas de retraso.

La reforma constitucional al artículo 17 (que, recordemos, otorga representación y legitimidad a organismos no gubernamentales y grupos ciudadanos para emprender este tipo de juicios), fue aprobada sin un solo pronunciamiento en contra y cero abstenciones. Situación prácticamente inédita en nuestra historia reciente.

Ahora, la pelota está en cancha de los diputados. Ellos y ellas tendrán que votar la enmienda, pero también incorporarle un entramado que permita que estos procesos se lleven a cabo sin limitaciones que reduzcan su efectividad y poder de disuasión ante afectaciones contra los derechos humanos, el consumo, el medio ambiente, la salud, la competencia económica o un sinnúmero de esferas relacionadas.

Las Acciones Colectivas son un instrumento jurídico de primer orden: de uso cotidiano —y probada efectividad— en todo el continente, y en el mundo entero. De origen anglosajón, estas palancas para el cambio civilizado se adaptan con éxito a las necesidades de países diversos: permiten que decenas, miles o millones de usuarios agraviados recurran al Poder Judicial, y obtengan compensaciones (justas, y de distinta índole) en una única sentencia. Logran que sectores vulnerables combatan infinidad de abusos y malas prácticas en su contra; que lo hagan en igualdad de circunstancias, y con grandes oportunidades de que prevalezcan sus causas.

Nuestro grupo plural de trabajo ya tiene elaborado el mejor esquema de ley secundaria, que rescata aciertos y evita distorsiones ajenas, y que se inspira en ejemplos modelo de Colombia, Argentina, Brasil, Chile o Costa Rica: Estados que no le temen a la sociedad participativa, y que le otorgaron hace mucho tiempo su mayoría de edad sin cortapisas.

Bajo esta óptica, la Acción Colectiva permitirá que la autoridad judicial equilibre la balanza entre gobierno y gobernados, y que se corrijan errores que difícilmente van a ser enderezados con “soluciones” unilaterales de los poderes establecidos. Es un acto fundacional y de reivindicación ciudadana, que nos asigna el papel central de las transformaciones en México.

Muchísimo se ha resuelto, pero todavía falta un trecho para ganar la partida. Aún persisten voces aisladas, dispuestas a conservar privilegios indebidos y de garantizar que México sea —junto con Haití— la gran excepción latinoamericana. Un lugar donde siguen sin reconocerse legítimos derechos colectivos.

De persistir estas apuestas al inmovilismo, nos acercaremos sin remedio a aquellos arquetipos fallidos, donde el interés público sólo es un sueño inalcanzable. Historias de poder sin límite, con su amarga letanía de caudillos, callejones institucionales sin salida y un divorcio permanente entre la clase gobernante y la mayoría de la población. Máquinas infernales, aceitadas únicamente por la corrupción e impunidad.

En la batalla por las acciones colectivas en México, lo que empezó siendo un tema para iniciados se ha convertido ya en aspiración universal, con ejemplos concretos que anuncian cambios de fondo (profundos y positivos), en nuestro país. Demasiado está en juego, como para que se intente revertir un claro avance a favor del bien común.

Representantes de la sociedad civil, el gobierno y todos los partidos trabajan para su aprobación definitiva en fecha próxima, tanto a nivel federal como en todos los estados. Se dará entonces un paso gigantesco, y tendremos razones adicionales para celebrar nuestro doble onomástico. Más allá de recursos retóricos, habremos obtenido una victoria perdurable para los años y siglos por venir.

Twitter: @alconsumidorwww.alconsumidor.org
Daniel Gershenson