El plan transexenal de Calderón México 2030, Proyecto de Gran Visión, reconoce que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, las fuerzas castrenses se corrompen. Además, aunque la principal oferta gubernamental es la “guerra” contra el narcotráfico, el proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto. En esta segunda entrega, Contralínea revela los detalles del primer capítulo “Estado de derecho y seguridad pública”, cuyo eje rector es garantizar la “plena seguridad para la propiedad”. Expertos consultados señalan que en este país hay un Estado de facto, no de derecho, y avizoran más represión
Nancy Flores / Segunda parte
En octubre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa tuvo en sus manos los resultados del primer taller temático “Eje 1. Estado de derecho y seguridad pública”, al que convocó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declarara presidente electo.
Integrado al expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, el diagnóstico descubre que la meta de este plan transexenal en materia de seguridad, dentro de 20 años, es apenas “acotar” al crimen organizado, no exterminarlo. Ello, a pesar de los más de 16 mil 500 muertos que se cuentan como saldo de los tres años de la “guerra” calderonista contra el narcotráfico.
El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.
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El documento expone que, desde 2006, el Estado mexicano había sido “rebasado por la realidad y circunstancias actuales, que han generado en diversos ámbitos un clima de inseguridad pública”. Jorge Luis Sierra, experto en seguridad nacional, indica que ésta es la primera vez que se da una aceptación explícita y “con esa franqueza” respecto del problema de inseguridad.
El mismo diagnóstico del Proyecto de Gran Visión anexa una lista de causas, entre las que destaca la “corrupción en los cuerpos de seguridad pública e incluso en un número creciente de miembros de las fuerzas armadas”.
Para el abogado Juan de Dios Hernández Monge, “el Estado mexicano ya no tiene remedio, pues ha llegado a un grado de corrupción irreversible. Algo –explica– que es normal dentro del sistema económico y político (vigente en el país)”.
Millones del erario a maquiladora que viola LFT
Érika Ramírez
Confecciones Mazara, maquiladora evidenciada de violar la Ley Federal del Trabajo y cometer actos de discriminación laboral –mediante un informe de la organización estadunidense Worker Rights Consortium–, es beneficiada con más de 4.5 millones de pesos provenientes del erario. Las aportaciones se entregaron a través de programas operados por la Secretaría de Economía y el Conacyt durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón
Tehuacán, Puebla. Emelia ha trabajado en casi todas las maquilas de esta ciudad y, dice, “siempre es lo mismo: ¡el trato es horrible!” Suelta una carcajada, se encoje de hombros y lleva sus dos manos a la boca, como quien acaba de decir algo indebido. Luego, trata de esconder el rostro entre sus compañeras.
Tiene 42 años de edad y 23 de ejercer el oficio de costurera. Se las sabe todas. Ha cosido mezclilla de todas las marcas, nacionales y extranjeras: Guess, Levi’s, Polo, Gap, Tommy, y ahora “las patito”.
Originaria del pueblo de Santa Isabel Tlanepantla, Puebla, Emelia “lucha” ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para obtener el pago de su liquidación, aguinaldo y prima vacacional. La cantidad que deberá saldar su antiguo patrón es de 1 mil 300 pesos, misma que podrían llegar a un “ajuste” en caso de “conciliar” ante las autoridades.
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Tiene 42 años de edad y 23 de ejercer el oficio de costurera. Se las sabe todas. Ha cosido mezclilla de todas las marcas, nacionales y extranjeras: Guess, Levi’s, Polo, Gap, Tommy, y ahora “las patito”.
Originaria del pueblo de Santa Isabel Tlanepantla, Puebla, Emelia “lucha” ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para obtener el pago de su liquidación, aguinaldo y prima vacacional. La cantidad que deberá saldar su antiguo patrón es de 1 mil 300 pesos, misma que podrían llegar a un “ajuste” en caso de “conciliar” ante las autoridades.
La desvergonzada traición del PRD
Marcos Chávez
El arrollador triunfo electoral alcanzado por los priistas en 2009 –que les dio el control de la Cámara de Diputados– ha provocado, sobre todo entre Felipe Calderón y la extrema derecha que le acompaña, pánico ante la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consolide su avasallador avance en este año en el que se llevarán a cabo elecciones en 13 entidades: en 10 de ellas se disputarán las gubernaturas, siete de las cuales son dominadas por ese partido, y 451 diputaciones locales y 1 mil 481 municipios en las restantes. Ello ampliaría las posibilidades de ese partido de recuperar la Presidencia de la República en 2012. Y ésas son las razones más que suficientes para quienes negocian los orgiásticos, “democráticos” y “patrióticos” besos del diablo de las alianzas entre panistas, perredistas, petistas y otros partidos en contra del PRI; o entre perredistas, priistas y demás en contra de los panistas, o entre unos y otros en contra de los perredistas.
El desbordado fervor palaciego por la búsqueda de los pragmáticos acuerdos entre los “representantes del pueblo”, los Chuchos Ortega y Zambrano, Manuel Camacho, Alejandro Encinas, Alberto Anaya, Dante Delgado, Felipe Calderón y César Nava, Beatriz Paredes o Miguel Alonso Reyes, entre otros, tiene como propósito inmediato explícito, con un horizonte más amplio implícito, el tratar de derrotar a los señores feudales, estatales y municipales de la derecha priista, de la derecha confesional panista y de la supuesta “izquierda” oficial, convertida también en militante de la derecha. Esto como parte de los esfuerzos grupales por socavar las bases de apoyo que sustentan a las respectivas organizaciones nacionales y, por añadidura, las de sus futuros candidatos presidenciales. Es una lucha electoral adelantada por los despojos de un sistema político, social y económico en crisis y en avanzada descomposición, por tratar de desplazar y ampliar sus espacios de poder a costa del otro.
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Los 30 perredistas
Rogelio Hernández López
Incrédulo, repasé una y otra vez el informe, y siempre se confirmaba el fenómeno: 30 diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyaron, en los hechos, que en la mayoría de 17 estados se haya cercenado el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido sin trascender mayormente?, me preguntaba.
Antes de eso, desde mediados de 2009, ya había escuchado y leído una denuncia que acusaba de una alianza de la jerarquía eclesiástica con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aplicar una estrategia sorda, paulatina, para reformar las constituciones de los estados de la Federación. En varias ocasiones también se señalaba, aunque tangencialmente, que habían contado con legisladores perredistas para conseguir tal propósito.
Que participaran perredistas en tal estrategia me parecía muy difícil de creer. Pero a fines de 2009, otra vez apareció la denuncia recurrente. El Centro de Información para la Mujer, Asociación Civil (CIMAC), divulgó:
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Pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido sin trascender mayormente?, me preguntaba.
Antes de eso, desde mediados de 2009, ya había escuchado y leído una denuncia que acusaba de una alianza de la jerarquía eclesiástica con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aplicar una estrategia sorda, paulatina, para reformar las constituciones de los estados de la Federación. En varias ocasiones también se señalaba, aunque tangencialmente, que habían contado con legisladores perredistas para conseguir tal propósito.
Que participaran perredistas en tal estrategia me parecía muy difícil de creer. Pero a fines de 2009, otra vez apareció la denuncia recurrente. El Centro de Información para la Mujer, Asociación Civil (CIMAC), divulgó:
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