En más de nueve años, la fallida alternancia convertida en fracaso de los panistas encabezados por Fox, Mart(h)a, Calderón, Mouriño, Nava y sus principales almas azules demostró que son unos pillos. Para el diccionario, son ladrones; administrativamente, prevaricadores. El Código Penal los tipifica como rateros, por practicar exitosamente el delito de robo. Para la Constitución, son una banda dedicada al enriquecimiento ilícito. Y, desde Calderón hasta el último de ellos, servidores públicos que, por sus actos y omisiones, han afectado “la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia” en el desempeño de sus empleos, cargos y funciones, que los hacen candidatos al juicio político, deslinde de responsabilidades penales y encarcelamiento.
Estamos ante la posibilidad real, por segunda vez, después de Santa Anna, de enjuiciar a un presidente de la república: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que responda de sus actos, omisiones y complicidades y, por primera ocasión, fijar el precedente de que quien traicionó el juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y al no haber desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, sea demandado por la Cámara de Diputados ante la de Senadores, para que éstos, constituidos en jurado, dicten la sentencia.
Sin que sea el libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, escrito por la reportera Ana Lilia Pérez, una investigación de Ministerio Público, aunque sí resultado del acucioso, metódico y verídico periodismo de investigación que lleva practicando sistemáticamente, tiene las características documentales para que diputados federales y senadores, con su guía, se dieran a cumplir con su obligación constitucional de completar esa investigación para deslindar responsabilidades, al menos a tres o cuatro, quizá a cinco servidores públicos, como presuntos delincuentes (de esa otra delincuencia organizada en el y desde el poder público de la Presidencia de la República como administración pública federal centralizada y paraestatal, en el siguiente orden: Calderón, Nava, Mouriño (post mórtem) y Reyes Heroles González de la Garza (el de la cartita a Proceso, 28 de febrero de 2010, queriendo sacarle el bulto a las imputaciones periodísticas), y a la señora Georgina Kessel.
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Estamos ante la posibilidad real, por segunda vez, después de Santa Anna, de enjuiciar a un presidente de la república: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para que responda de sus actos, omisiones y complicidades y, por primera ocasión, fijar el precedente de que quien traicionó el juramento de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y al no haber desempeñado leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, sea demandado por la Cámara de Diputados ante la de Senadores, para que éstos, constituidos en jurado, dicten la sentencia.
Sin que sea el libro Camisas azules, manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos, escrito por la reportera Ana Lilia Pérez, una investigación de Ministerio Público, aunque sí resultado del acucioso, metódico y verídico periodismo de investigación que lleva practicando sistemáticamente, tiene las características documentales para que diputados federales y senadores, con su guía, se dieran a cumplir con su obligación constitucional de completar esa investigación para deslindar responsabilidades, al menos a tres o cuatro, quizá a cinco servidores públicos, como presuntos delincuentes (de esa otra delincuencia organizada en el y desde el poder público de la Presidencia de la República como administración pública federal centralizada y paraestatal, en el siguiente orden: Calderón, Nava, Mouriño (post mórtem) y Reyes Heroles González de la Garza (el de la cartita a Proceso, 28 de febrero de 2010, queriendo sacarle el bulto a las imputaciones periodísticas), y a la señora Georgina Kessel.
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