Pedro Echeverría V.
1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos a consecuencia de los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco en mayo de 2006, por considerar, entre otras cosas, que no tuvieron acceso a un debido proceso. Los ministros de la primera sala de la Corte ampararán y protegerán a los pobladores contra las sentencias que les dictaron jueces y magistrados del Estado de México, que van de 31 a 112 años de prisión, por las acusaciones que formuló en su contra la Procuraduría mexiquense, en especial, al responsabilizarlos de incurrir en el delito de secuestro equiparado, es decir, mantener detenidos a dos o tres funcionarios para canjearlos con sus presos, detenidos sólo por el hecho de protestar.2. Desde mayo de 2006, cuando miles de soldados disfrazados de policías, con toda violencia y salvajismo, irrumpieron en el pequeño pueblo de San salvador Atenco para someter, golpear, violar, a cientos de familias campesinas, a activistas solidarios y a periodistas mexicanos y extranjeros, la protesta se extendió en el mundo. Se supo que los campesinos eran totalmente inocentes y que sólo eran víctimas de la venganza del gobierno de Fox que no logró construir su gran obra sexenal, el aeropuerto, y del gobernador Peña Nieto enojado por las luchas independista de los atenquences. El mundo supo que estaban los líderes en la cárcel por el sólo hecho de defender sus tierras y de vivir con dignidad. ¿Qué iba a importarle al poder hacer justicia si en México, -país absolutamente controlado por los ricos- nunca se ha conocido su significado?
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