Está confirmado que el gobierno federal que encabeza el Partido Acción Nacional es sumamente vulnerable y que, la mayoría de las veces, es cómplice de prácticas de espionaje y filtración de información hacia las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos.
De hecho, documentos del gobierno estadunidense –como los que revisa la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso de la Unión y en donde se analiza el Plan Mérida–, dan cuenta de la extrema desconfianza hacia las instituciones del gobierno federal mexicano cuando se trata de entregar información o recursos.
Por ello, en algunos ominosos episodios, representantes de agencias policiales del vecino país obtienen información por su cuenta y espían a los mexicanos. Ellos se justifican: no saben en quién confiar en el gobierno de Felipe Calderón. No sólo eso. En varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha contado con el apoyo del gobierno mexicano en acciones que claramente violan la seguridad nacional y la soberanía, lo que daría elementos al Congreso de México para hacerle juicio político a Calderón por traición a la patria.
El pasado 11 de agosto, La Jornada dio a conocer que altos mandos del gobierno mexicano están desarrollando funciones de informantes al servicio de agencias de Estados Unidos. La información del diario asegura que en la lista de los enlaces se encuentra la procuradora general de la República, Marisela Morales, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La Agencia Central de Inteligencia, la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, el Buró Federal de Investigación y el Departamento del Tesoro son algunas de las agencias estadunidenses que, al coordinar las acciones antinarco de gran impacto, se encuentran en contacto con los funcionarios mexicanos. Además, se cita la operación de un “centro de inteligencia estadunidense” ubicado en Paseo de la Reforma 225. Felipe Calderón y Barack Obama pactaron el complejo entramado técnico e institucional para el espionaje desde hace más de 18 meses.
De ser cierto esto, los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deben ser citados por el Congreso para que aclaren quién ha permitido la operación de espionaje en nuestro país. La Jornada cita fuentes que pidieron no ser identificadas.
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