Arnaldo Córdova
Se trata de un fenómeno
universal, mundial. En todos lados, en todos los países, desde hace
unos cuarenta años, los gobiernos, atentos a las exigencias de sus
clases patronales, se han dedicado a derruir todos los principios
protectores del trabajador que han sido consagrados, no solamente por
los países en su particular esfera, sino también por el orden
internacional. Esa tendencia, que en los años setenta se conoció como
flexibilización de las relaciones laborales, se ha venido desarrollando
con un ímpetu tal que hay lugares en los cuales las antiguas
instituciones del derecho del trabajo han dejado de existir.
Desde luego, ha habido países como Italia y Francia y otros más en
los que los trabajadores han sabido resistir las embestidas de sus
gobiernos y de sus clases dominantes, negociando ventajosamente las
exigencias de flexibilización del trabajo. En Italia, por ejemplo, se
llegó a un acuerdo, ya a principio de los años ochenta, en virtud del
cual los empresarios obtenían una flexibilización completa pero, a
cambio, se comprometían a respetar el máximo constitucional de horas de
trabajo. Así, un trabajador, un día debía trabajar catorce o quince
horas, mientras que otro sólo tres o cinco horas. Pero al final del mes,
el número de horas trabajadas no debía rebasar el máximo legal.
En otros países se ha llegado a acuerdos semejantes, por ejemplo, en
la contratación del trabajo o en el respeto a los principios del derecho
de huelga o, principalmente, respecto de la libertad sindical. Son
acuerdos, por lo general, que la clase dominante, protegida por el
gobierno, tiende a violar o a anular en los hechos. Se ha visto en todas
partes y son hechos que comprueban el ímpetu que los procesos de
flexibilización poseen y la debilidad de los trabajadores en sus
relaciones con los empresarios. El Estado sólo se dedica a proteger a
los patrones, apoyándolos en sus embestidas en contra de los
trabajadores.
La embestida en México en contra del viejo derecho del trabajo se
lleva a cabo, como en todas partes, en nombre de la modernidad y la
resistencia de los trabajadores se quiere hacer pasar como una defensa
del pasado y, como tal, retardataria. Así se van destruyendo todas las
instituciones del derecho del trabajo histórico. La reforma a la Ley
Federal del Trabajo que Calderón ha presentado al Legislativo recién
electo, es la peor embestida que las clases dominantes han emprendido en
contra de nuestras instituciones laborales. El Consejo Coordinador
Empresarial negoció esa reforma y fue aceptada en todas sus partes tanto
por el gobierno de Calderón, como por el candidato presidencial
priísta, Enrique Peña Nieto.
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