- Denuncian
ataques del Estado
a pueblos indígenas y en resistencia - Víctimas de Sucumbíos desconfían de la contratación de Óscar Naranjo
En el contexto de la conmemoración del 12 de octubre, diversas
organizaciones pidieron al gobierno capitalino que reubique las
esculturas de los Indios Verdes en el ZócaloFoto Carlos Ramos Mamahua
Fernanado Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 13 de octubre de 2012, p. 15
Sábado 13 de octubre de 2012, p. 15
Durante el aniversario 520 de la llegada de los
europeos a América, diversas organizaciones populares denunciaron que
los pueblos indígenas del país y otros sectores en resistencia siguen
padeciendo ataques del Estado mexicano, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y encarcelamiento por motivos políticos.
Uno de los focos rojos en el país, indicaron, es Michoacán, donde a partir de la instalación del gobierno de Fausto Vallejo ha habido un repunte de actos de hostigamiento contra estudiantes, campesinos y otros sectores que cuestionan al mandatario, sobre todo en las comunidades de Matugeo, Santa Clara del Cobre, Santa Fe de la Laguna y Las Mesas, donde soldados han incursionado en busca de dirigentes comunitarios del FNLS.
Otro punto sensible, enfatizaron, es el municipio chiapaneco de Altamirano, donde el gobierno estatal ha emprendido una campaña de represión contra la Unión de Transportistas El Quetzalito, mediante la detención de varios de sus integrantes
con cualquier pretexto, entre ellos Blanca Albores, Dulce María González y Julio César Morales.
De igual manera, en el municipio de Venustiano Carranza se han
reactivado los actos paramilitares de la Organización Regional de
Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), encabezados por Jesús Alejo Orantes
Ruiz, quienes el pasado 25 de septiembre irrumpieron en una asamblea
comunitaria y trataron de asesinar a varios dirigentes sociales.
Un caso más de represión contra organizaciones populares, añadieron,
es el del intento de asesinato cometido por Rodolfo Hernández Gómez
contra los estudiantes José Luis Ramírez y Mayra Valenzuela Rosas, en
las inmediaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
En tanto, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de
Sucumbíos alertó que la contratación del policía colombiano Óscar
Naranjo como asesor de seguridad del presidente electo, Enrique Peña
Nieto, es señal de que el próximo titular del Poder Ejecutivo aplicará
la misma estrategia represiva que se ha puesto en marcha desde hace
varios años en ese país sudamericano.
Por todo ello, las organizaciones populares advirtieron que durante el próximo sexenio consideraron
muy probableque Peña Nieto hostigue y violente a los movimientos sociales, como ha venido ocurriendo en los actuales gobiernos estatales priístas.
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